Educación negocia contrarreloj para cubrir todas las rutas escolares

Así, una vez que los mecanismos de contratación ordinarios no han conseguido cubrir la totalidad de las rutas –hubo firmas que no se interesaron en participar en esos procesos públicos y quedaron lotes desiertos en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia–, el Gobierno Vasco trata de llegar a acuerdos tarifarios con los diferentes operadores para asegurar esas rutas al menos de manera temporal hasta preparar nuevos concursos de licitación y volver a adjudicarlas de forma definitiva. Hay que tener en cuenta que la normativa permite esta flexibilidad en el proceso para tratar de desbloquear una situación que afecta de un modo directo a servicios esenciales como es el del transporte escolar para que los alumnos que lo necesiten puedan acudir a clase en autobús.

Según han confirmado fuentes de las asociaciones de transporte a este periódico, el Ejecutivo vasco ya se ha puesto en contacto con empresas del territorio. Según explican las citadas fuentes, «lo que suelen ofrecer es un contrato menor para cubir la ruta de forma temporal hasta sacar de nuevo la licitación, que puede ser en enero o febrero».

Sin embargo, esta medida no convence en exceso a las empresas por la duración tan corta del contrato, lo que resta atractivo al servicio. «Todo contrato menor tiene que buscar tranquilidad y seguridad jurídica, y qué menos que se ofrezca el curso escolar completo». Asimismo, muchas firmas, en su mayoría pequeñas empresas, se pierden en los enbrollos administrativos que supone una nueva licitación.

El sector achaca esta falta de concurrencia a los concursos a la escasa rentabilidad por los «bajos precios» que ofrece la administración. «No salen las cuentas», reclaman. En este sentido, fuentes del sector del transporte escolar defienden una subida tarifaria en base a los estudios de costes elaborados por consultoras independientes «que han valorado que no es factible» el presupuesto que ofrece el Ejecutivo vasco.

Así las cosas y a las puertas del comienzo del curso, las delegaciones territoriales tratan de resolver el entuerto para no tener que llegar a adoptar medidas más drásticas como las llevadas a cabo el año anterior. El pasado 5 de septiembre, Educación publicó una orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) a través de la cual obligaba a realizar el servicio a aquellas empresas que el curso pasado cubrían las rutas de los centros públicos que quedaron desiertas.

Educación quiso ir al fondo de este asunto y llevó a la Fiscalía a empresas de Bizkaia y Álava –en Gipuzkoa el 98% de los trayectos estaban asegurados– ante la sospecha de que pudieran estar coordinando acciones para alterar el precio del servicio.