Educación inicia las auditorías en los centros para controlar el cobro de cuotas
«Se está analizando la información económica en la red concertada», asegura Begoña Pedrosa, la nueva consejera de Educación
El cobro de cuotas en la enseñanza obligatoria de Euskadi sigue siendo un foco de debate entre miles de familias vascas. Después de que se ... aprobara la nueva ley vasca de Educación el pasado mes de diciembre, en la que se anunciaba que todos los centros educativos financiados con dinero público iban a ser gratuitos -mediante un proceso gradual-, este sigue siendo un punto de controversia también entre la clase política. Ayer fue la nueva consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien aclaró que el Gobierno Vasco «ya ha activado los protocolos» correspondientes para garantizar la gratuidad de la educación.
Lo hizo mediante una respuesta por escrito al parlamentario Jon Hidalgo, del grupo mixto Sumar, quien solicitaba saber, entre otras cuestiones, «¿en cuántos centros educativos de Euskadi ha constatado el Gobierno Vasco que se están produciendo cobros ilegales en las cuotas a las familias?». En el documento de la consejería de Educación, firmado por Pedrosa, se expone que «el departamento de Educación ya ha iniciado el proceso de activación de los mecanismos de auditoría y control necesarios para que la gratuidad de la enseñanza sea observada de acuerdo a los preceptos de la Ley 17/2023, del 21 de diciembre».
El plazo para iniciar este proceso de auditorías a los centros era, asimismo, otra de las cuestiones que planteaba Hidalgo, quien también requería conocer «qué procedimiento sancionador va a emplear el Gobierno Vasco en caso de que haya centros que cobren cuotas de manera ilegal a las familias». En el escrito firmado por Pedrosa, la consejera, que ha relevado al frente de la consejería de Educación a Jokin Bildarratz, se explica que «el área de Educación está comprometida con el conjunto de medidas del 'Acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca' aprobadas en abril de 2022 y, asimismo, con las actuaciones relativas a las garantías de gratuidad».
El grupo Sumar apuntaba a «cobros ilegales» en algunos centros concertados
En este sentido, Pedrosa señala que «en una primera fase se han diseñado un conjunto de formularios a cumplimentar de forma electrónica de manera individualizada por cada centro concertado, para recabar información comparativa y homogénea al objeto de obtener un primer diagnóstico que permita conocer la realidad con respecto a las cuotas planteadas por dichos centros».
Un contraste «real»
En una fase posterior, agrega, «se está procediendo al análisis de la información económica de los centros educativos concertados, tomando como base los conciertos educativos firmados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 293/1987». Una vez finalizado dicho análisis, «el departamento de Educación dispondrá de un contraste real y completo acerca de las tipologías y criterios de cobro de servicios no afectos al servicio educativo y fuera del marco del régimen de conciertos recogidos en el reglamento, para la adopción de medidas de refuerzo de control y sanción en el caso que procediera».
Respecto al informe de Esade EcPol en el que se dice que «el 90% de los colegios concertados vascos cobra cuotas pese a estar sobrefinanciado», Pedrosa contesta que es un informe «de carácter externo, muestral e incompleto».
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