ELA denuncia «irregularidades de financiación» pública en los centros concertados de FP

Miren Zubizarreta, responsable de Educación de ELA. /JORDI ALEMANY
Miren Zubizarreta, responsable de Educación de ELA. / JORDI ALEMANY

El sindicato considera que se podrían estar desviando más de 3,5 millones de euros procedentes de aportaciones del Gobierno Vasco

Teresa Flaño
TERESA FLAÑO

El sindicato ELA ha presentado una reclamación administrativa formal para denunciar «irregularidades de financiación pública en los centros concertados de FP» porque considera que podrían estar desviando «más de 3,5 millones de euros» por curso con «la permisividad del Gobierno Vasco».

Según ha explicado esta mañana Miren Zubizarreta, responsable de Educación de la central nacionalista, el Ejecutivo vasco financia a estos centros de iniciativa social una serie de conceptos como las horas para la gestión y seguimiento de las prácticas en empresas y las horas para segundos docentes durante las prácticas en el aula o taller.

En su denuncia, ELA asegura que desde hace más de tres años sus delegados en los centros concertados de FP de iniciativa social detectaron irregularidades en la aplicación de esos conceptos y «llegamos a la conclusión de que a pesar de que la normativa educativa en vigor exige que estos servicios se cubran y a pesar de recibir financiación pública para ello, los centros no estaban dedicando todas las cantidades económicas recibidas para dar este servicio».

A su entender, las irregularidades son «muy graves» porque, por un lado, afectan y perjudican al personal docente que «tiene que asumir unas mayores cargas de trabajo» y por otro «al alumnado» porque «no recibe el servicio adecuado desde el punto de vista de la calidad educativa como de la seguridad», por ante la ausencia de un segundo docente durante las prácticas en el taller «supone más carga de trabajo para el docente y menor atención al alumnado». También consideran que es denunciable porque «se están dejando de destinar unas cantidades de dinero público a fines para los que se deberían destinar».

Zubizarreta ha explicado que hace tres años puso en conocimiento de las irregularidades a las patronales, «quienes aseguraron que cumplían la normativa» y al Departamento de Educación, que encargó a la inspección un estudio que se realizó el curso pasado en 16 centros de FP.

Tras estudiarlo, ELA asegura que, «a pesar de tener graves carencias» porque, entre otras cosas, «evalúa con criterios de enseñanza pública en vez de criterios de financiación de la concertada» o «solo se ha hablado con la dirección de los centros», se confirma la existencia de las graves irregularidades.

Según sus cálculos «se podrían haber dejado de destinar unos 3,5 millones de euros cada curso. Un desvío de dinero público y de cuotas de familias que no sabemos a dónde ha ido, pero que el informe sí certifica que no se ha dedicado al seguimiento de las prácticas del alumnado y al desdoble de aulas en las asignaturas prácticas».

ELA denuncia que a pesar del informe y de sus denuncias la patronal «se niega a reconocer las irregularidades «y que Educación «no hace nada para corregirlas ni para controlar la financiación de los centros». Esta situación le ha llevado a presentar la reclamación administrativa formal ante el Gobierno Vasco.