La red concertada vasca se enfrenta el martes y miércoles a dos días de huelga

Manifestación de trabajadores de centros de iniciativa social, el pasado marzo en San Sebastián. / PEDRO MARTÍNEZ
Manifestación de trabajadores de centros de iniciativa social, el pasado marzo en San Sebastián. / PEDRO MARTÍNEZ

Los sindicatos han convocado paros en los centros dependientes de Kristau Eskola y AICE-EZEI

TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN.

Las dos primeras jornadas de huelga en los centros educativos de iniciativa social -la red concertada- pertenecientes a Kristau Eskola y AICE-EZEI convocadas por los sindicatos vascos tendrán lugar el martes y el miércoles. Las otras cuatros serán, si no se llega antes a un acuerdo con las patronales, del 27 al 30 de noviembre. Además, las centrales, animadas por lo que consideran «un amplio seguimiento» de los paros realizados el curso pasado, han intensificado las movilizaciones y están impulsando una campaña de no colaboración en las tareas de carácter voluntario «mientras no haya una auténtica negociación».

Los sindicatos argumentan que «llevamos ya casi diez años sin renovar el convenio, acumulamos una pérdida de poder adquisitivo superior al 10%, y la modernización de los centros está corriendo a cargo de las plantillas, lo que en la práctica ha supuesto un aumento considerable de las cargas de trabajo hasta el punto de ser insostenibles».

También señalan que el descenso de la natalidad «está empezando a repercutir» en los centros de iniciativa social, «con despidos en los primeros cursos de Educación Infantil». Consideran que urge una mejora de las condiciones de los colectivos de especialistas de apoyo educativo y de trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil, que «son los que se encuentran en situaciones más precarias y «casualmente» son los más feminizados».

Reivindicaciones

Las principales reivindicaciones de los sindicatos para renovar el convenio incluyen un acuerdo para el mantenimiento del empleo y la recolocación del personal afectado por el previsible cierre de aulas. En materia salarial, piden recuperar el poder adquisitivo y «equiparar los salarios de docentes de ESO 1 y ESO 2». Asimismo, reclaman que el personal docente tenga una reserva real de horas complementarias para la preparación de clases y seguimiento del alumnado, así como la reducción de la jornada para el personal de administración y servicios. En el caso de la Formación Profesional solicitan acordar la distribución irregular de la jornada.

Además de las acusaciones a las patronales de los centros de iniciativa social, los sindicatos también miran en este conflicto hacia el Gobierno Vasco, por «intentar echar balones fuera». Según comentó la representante de ELA Miren Zubizarreta cuando convocaron las huelgas «este sector es como una subcontrata barata del Gobierno Vasco» y consideró que «el Ejecutivo tendrá que acabar implicándose».

El conflicto laboral en la red concertada afecta a unos 9.000 trabajadores y 120.000 alumnos

El director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, señaló recientemente en una entrevista en esta periódico que «decir que no hay voluntad de negociación es mentira. Hay que remitirse a lo que ha pasado en el sistema educativo concertado desde 2010. Ese año llegaron los recortes sobre las tablas de 2009 de la aportación del Gobierno Vasco, siguiendo la senda que había abierto el Gobierno español. Kristau Eskola denunció entonces la injusticia que suponía ese recorte y presentamos un contencioso administrativo. No hemos estado nunca de acuerdo con ese recorte. Nunca nos hemos desentendido de esas tablas del convenio del 2009, lo que dijimos fue que hasta que no se resolviera judicialmente no se podían aplicar y se generó una deuda, sabiendo que la tendríamos que pagar. Se hizo un gran esfuerzo, también por la parte sindical, para llegar a un acuerdo transaccional. En el año 2016 empezamos a pagar, a pesar de que el Departamento de Educación no financiaba los niveles de 2009. Pactamos pagar la deuda entre 2012 y 2016 sin que repercutiera en los centros. En 2016 volvimos a pactar con los sindicatos que la negociación del convenio se iba a dividir entre los elementos en los que podíamos llegar a un acuerdo fácilmente y los que no».

También indicó que «desde Kristau Eskola entendíamos que había que tratar los temas desde la realidad de ese momento porque la crisis nos había traído pérdida de poder adquisitivo del profesorado pero también de los centros. No quisieron llegar a ese consenso de la lectura de la realidad. Saben que todos hemos perdido poder adquisitivo. En todo este tiempo nosotros no hemos roto la negociación, los que se han marchado de la mesa han sido los sindicatos. Nosotros les hemos comunicado todos los contactos que hemos tenido con el Gobierno Vasco, les hemos presentado estudios económicos de la realidad...».

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, también se ha referido a este tema: «Es legítimo discrepar, discutir y confrontar. Pero lo nuestro no es un ámbito cualquiera. En el de la educación es necesario que esas discrepancias se discutan y se resuelvan satisfactoriamente. Y que las aulas no sufran directamente las consecuencias de un desencuentro»

El conflicto laboral en los colegios vascos de iniciativa social, que representan el 70% de la enseñanza privada concertada en Euskadi, afecta a unos 9.000 trabajadores y cerca de 120.000 alumnos.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos