Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia contra el 'bullying' tras el caso de la adolescente sevillana

Estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato han salido a las calles para mostrar su solidaridad con la familia y expresar su indignación en las manifestaciones que se han celebrado en diferentes ciudades. La marcha ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Sandra no te olvidamos. ¡Basta de bullying! ' y entre los asistentes se han podido leer carteles con frases reivindicativas como 'Basta de silencio institucional', 'El bullying mata en silencio' o 'El bullying duele, detengámoslo'.

En Euskadi la manifestación estaba convocada en las tres capitales a las doce del mediodía, aunque el paro académico se alargará durante todo el día. Al final de la marcha se ha guardado un minuto de silencio por Sandra y se ha leído un manifiesto.

El Sindicato de Estudiantes, convocante de las manifestaciones, ha exigido la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba Sandra- y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido. A su vez, ha reclamado la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. «Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos», ha recalcado.

Asimismo, ha demandado una educación libre de discursos de odio. Según dice esta organización, «la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas». «Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo».

Por su parte, la La Junta de Andalucía esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave.

La consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha remarcado que el centro, «a pesar de que había indicios suficientes para ello, no abrió los protocolos -tanto el reactivo como el de prevención de conductas autolíticas, que tiene como objetivo hacer un seguimiento de algún alumno que pudiera estar en ese riesgo-»; salvo «algunas actuaciones y un seguimiento con la familia».

Castillo ha recordado que se hado traslado a la Fiscalía «por si pudiera haber responsabilidad por parte de aquellas personas que eran protagonistas de ese acoso, las acosadoras», y por otro lado, «por la propia responsabilidad que pudiera tener el centro o su profesorado desde el punto de vista penal».Asimismo, la consejera de Educación ha insistido en el hecho de que se ha abierto un expediente administrativo al centro y que se le ha hecho «una serie de requerimientos», del que están esperando respuesta, «qué medidas ha tomado el colegio con sus trabajadores, porque es un centro privado concertado, y por lo tanto, quien tiene que tomar medidas de tipo disciplinario con aquellos que incumplieron la normativa».