La concentración de inmigrantes en la escuela pública se acentúa en Euskadi

La diversidad de orígenes en las escuelas vascas es una buena muestra de un fenómeno social que cada día pinta más colorista. Una realidad colectiva que seguramente configure el futuro de nuestro territorio, aunque ahora esté generando una preocupación 'educativa' debido a la descompensación en el reparto del alumnado extranjero, distribuido a partes desiguales entre los diferentes colegios del País Vasco. Según algunos, incluso llegando a crear pequeños guetos raciales.

Centros con más de 1.400 alumnos y ni un solo niño inmigrante se enfrentan a otros con apenas 216 estudiantes, de los cuales 105 provienen de otros países. Estos son los casos extremos de una realidad que cada año académico marca más la distancia.

De hecho, en los últimos cuatro cursos, el desequilibrio en Gipuzkoa entre las redes educativas pública y concertada ha subido en casi seis puntos. De los 5.563 niños inmigrantes escolarizados en la actualidad en las etapas que acogen desde los 3 hasta los 16 años, 3.815 estudian en centros públicos (el 68,58%). «Este desequilibrio, que siempre ha existido, se está acentuando cada vez más», reflexiona Imanol Zubizarreta, presidente de Baikara, asociación de padres de los centros de enseñanza pública de Gipuzkoa.

La concentración de alumnos extranjeros en algunos centros es, según el catedrático en Pedagogía y profesor de la UPV/EHU Félix Etxeberria, «una consecuencia de un proceso histórico». El docente cifra en un 30% los colegios de Euskadi que no tienen alumnos foráneos, mientras que otros superan el 70% de su cupo.

Aunque la ambigüedad a la hora de matizar el término 'inmigrante' conlleve a cantidad de interrogantes -¿cuándo dejan los hijos de inmigrantes de ser inmigrantes?-, Etxeberria afirma que el desequilibrio se debe, a su juicio, a dos razones principales: la diferencia económica y el modelo lingüístico. Otros, en cambio, achacan la falta de igualdad a los criterios de admisión en las matrículas.

A decir verdad, fue un centro de Lasarte-Oria, el Sasoeta-Zumaburu, el que abrió el debate sobre el reglamento utilizado en los colegios públicos a la hora de otorgar dos puntos adicionales que favorecen a los hijos de padres que han estudiado en el centro con anterioridad. Un asunto que llegó el pasado mes al Parlamento Vasco por creer que el baremo restringe el acceso de niños procedentes de fuera del país, favoreciendo en este sentido a los alumnos con procedencia euskaldun.

Según datos aportados por el Ejecutivo autónomo, 250 centros educativos vascos (61 de ellos guipuzcoanos) utilizan la circunstancia de padre o madre como antiguo alumno en la baremación del alumnado. «Este factor favorece la exclusión de inmigrantes, incluso concentra los colectivos con menor nivel socioeconómico. Creemos que se trata de una discriminación encubierta por nacimiento u origen», manifiesta Pello Sánchez, presidente de la AMPA Burunzpe.

Sin embargo, Etxeberria descarta que este criterio sea el motivo principal de tal descompensación. «Sí puede haber un desequilibrio por el reparto de esos dos puntos, porque es una limitación que favorece más a unas familias, pero no creo que ese sea el origen de la creación de guetos», afirma con contundencia.

Factor socioeconómico

Etxeberria lo tiene claro: las diferencias económicas son las que propagan la desigualdad. «Las escuelas concertadas tienen trabas económicas a pesar de recibir dinero público. Los pobres de hoy en día son los inmigrantes y van a la pública porque tienen menos recursos», afirma. En concreto, un 55% de las personas inmigrantes que viven en Gipuzkoa padecen pobreza. De ellas, un 36,8% sufren pobreza severa, es decir, sobreviven con 568 euros o menos al mes. Esta desventaja socioeconómica hace que las familias foráneas se encuentren hoy entre los colectivos más vulnerables y no puedan permitirse pagar el mínimo para que sus hijos se eduquen en la escuela. O sí. Porque Etxeberria hace una distinción entre los centros concertados: «Habría que diferenciar entre los más selectivos y elitistas y otros de matiz religioso, que tienen una vocación más social y caritativa; son estos últimos los que mayor porcentaje de alumnado inmigrante tiene». El presidente de Baikara lo ratifica: «Hay un desequilibrio abismal respecto a la red pública. Sin embargo, el reparto entre las concertadas tampoco es homogéneo».

Precisamente el reparto del alumnado que llega fuera del periodo ordinario de matriculación es otra de las causas que denuncian desde la federación Baikara, ya que creen que es otro de los factores que impulsan a que el desequilibrio crezca: «A estos niños los distribuye la delegación de Educación, y estamos percibiendo que en estos últimos años la gran mayoría se están escolarizando en los centros públicos», dice Zubizarreta. Según Baikara, se calcula que durante el último bienio se han matriculado en Gipuzkoa cerca de mil alumnos al año con el curso ya empezado.

El representante de la AMPA Burunzpe carga contra el «rebosamiento de todas las plazas de un centro» a principio de curso, que conlleva «a que los otros se vean forzados a asumir todas las llegadas de nuevos alumnos» a mitad de curso.

La Ley Orgánica de Educación, que es la que está vigente en el Estado español, permite que los centros puedan tener un 10% más de ratio para atender a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, como podría ser el caso de estos niños que llegan con el curso comenzado. En cambio, «se está permitiendo que ese 10% se llene con alumnos autóctonos, sin dejar en reserva esos puestos para el alumno que viene fuera de plazo», asegura Zubizarreta.

¿Es el euskera una traba?

Otro de los parámetros que maneja el catedrático de la UPV es el modelo lingüístico elegido. Aunque hoy el modelo D (solo en euskera) sea el que sobresalga por encima del resto -el 51,9% de los niños extranjeros se matricularon en el curso 2013-14 solo en euskera, frente al 6,6% que lo hizo solo en castellano-, los centros públicos han tenido en su trayectoria mayoría de A y B. Pese a que en la actualidad ofrecen mayoritariamente el modelo D, «históricamente aún tiene peso su pasado con más asignaturas impartidas en castellano».

El euskera es, precisamente, otro de los posibles baremos que ha podido provocar la falta de integración de los niños inmigrantes. Si bien 12 de las 320 escuelas públicas vascas mantienen la línea de castellano en Infantil, Gipuzkoa ya no tiene ninguna. Y hay quienes exigen más apoyo del profesorado para los alumnos que llegan de otros países y se encuentren con la dificultad del idioma. Sobre todo en educación Primaria y Secundaria. «Si el alumno entra en Infantil no tiene necesidades de apoyo. Tenemos un sistema educativo que supone que un niño de dos años no va a necesitar un refuerzo especial, pero el contexto sociocultural es bien distinto», matiza Etxeberria.

El refuerzo lingüístico que otorga el Departamento de Educación tiene un periodo de duración de uno o dos años. «¿Y luego qué? -se pregunta Zubizarreta-, porque el problema que se genera en Primaria se traslada a Secundaria». De hecho, desde Baikara piden más refuerzos para que los alumnos que llegan fuera de plazo se integren más fácilmente y así «el resto de compañeros no pierda calidad educativa por la atención que se dispensa a los alumnos extranjeros». «Esto es un reto muy difícil que está aún sin resolver», advierte Etxeberria.

«Exigimos soluciones»

Las desigualdades en el número de niños procedentes de fuera del Estado implica una serie de consecuencias sociales como la falta de integración, la exclusión social, bajos rendimientos académicos por parte de escolares extranjeros o la creación de guetos aislados en los municipios. Por eso los agentes del sector educativo demandan soluciones. «Los centros deberían estar obligados a dejar como mínimo dos plazas libres para poder escolarizar a aquellos alumnos que llegan tarde, y así repartirlos equitativamente», propone Zubizarreta. Además, insiste: «Las instituciones tienen que dar más recursos a los colegios que hacen un sobreesfuerzo en recibir alumnado inmigrante».

Pello Sánchez, por su parte, reclama la eliminación de criterios «que conllevan a la selección de colectivos» en la matrícula, además de «dotar de apoyos especiales a los centros» en función de los ratios. «El equilibrio nos favorecerá a todos», asegura el presidente de la AMPA Burunzpe.