Las ONG denuncian más de 1.300 casos de exclusión sanitaria

Maira Nicaraguense llegada hace tres meses a Bilbao/Luis Ángel Gomez
Maira Nicaraguense llegada hace tres meses a Bilbao / Luis Ángel Gomez

Se cumple un año de la ley «insuficiente y regresiva» aprobada por el PSOE para recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud

ALAIN MATEOSMadrid

Francisca, una joven chilena que llegó a España embarazada de cinco meses y no pudo acceder a un médico hasta 60 días después, está frente al Ministerio de Sanidad para apoyar la denuncia que varias asociaciones relacionadas con la salud, que calificaron la actual ley como «insuficiente» y «regresiva». El de ella fue un caso entre los 1.358 que incluyen mujeres embarazadas y enfermos de cáncer, VIH o la diabetes, por ejemplo, de todas las edades, incluso menores, que no pudieron acceder en algún momento a la sanidad española. «Enfermedades tan graves como 23 casos de cáncer, 22 cardiovasculares, 24 de diabetes, 21 de hipertensión, 12 de VIH o 14 de salud mental grave», denuncian organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad Universal, Red de Denuncia y REDER, que se manifestaron contra «la insuficiencia de la actual ley», con la que el PSOE recuperó la «universalidad» para el Sistema Nacional de Salud, y que cumple un año.

En un comunicado, las ONG especifican que «626 personas no han podido ver reconocidos sus derechos», junto a «55 mujeres embarazadas, 116 menores, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en Urgencias, 35 personas reagrupadas (por sus familiares legales en el país)». Los portavoces de estas entidades denunciaron el «fallo que tiene el actual sistema de salud» y mostraron su descontento al «sentirse ignorados repetidamente», ya que el Gobierno ha desoído sus recomendaciones. «Aún no se han derribado estas barreras» sufridas por el colectivo de migrantes, a juicio de estas entidades.

El año pasado el PSOE aprobó una ley que entró en vigor el 31 de julio de 2018 y que modificaba la anterior dictada por el PP, que implicaba la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular de residencia y que dejó sin acceso a la sanidad española a unas 5.000 personas, según Médicos del Mundo. Esta entidad declaró entonces que se trataba de «una buena noticia» aunque la modificación de la ley «no era perfecta».

Frente a la legislación actual del Ejecutivo, el Tribunal Supremo dictó el 6 de junio una sentencia impidiendo el acceso gratuito a la atención sanitaria a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija. «Esta sentencia implica poner en riesgo los derechos del colectivo de familias reagrupadas», denunciaron las asociaciones hace un mes. Adriana, proveniente de Venezuela, cuenta cómo a su madre le denegaron la tarjeta sanitaria cuando ambas estaban inmersas en un proceso de reagrupación familiar en nuestro país. Este hecho le sucedió tanto con la ley del PP como con la actual del PSOE. Actualmente, su madre tiene derecho a la sanidad española gracias a un juicio ganado a la Seguridad Social, pero tras la sentencia del Supremo teme que se la nieguen de nuevo.

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