PNV y PSE defienden la nueva OPE de Osakidetza ante el recelo de la oposición

El sistema aprobado por Osakidetza para conjurar el riesgo de fraude en su próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) nace con el único respaldo de los socios del Gobierno, PNV y PSE. Primero los sindicatos y ahora la totalidad de los partidos de la oposición, unos con su rechazo y otros con la abstención, dudan de que el procedimiento por el que se asignarán 1.499 plazas a profesionales sanitarios sirva para evitar que se repitan las filtraciones denunciadas en 19 especialidades médicas en la oposición de 2018, un asunto aún pendiente de resolución judicial.

La convocatoria de la primera de las dos fases de la OPE, que se publicará a mediados de diciembre, fue aprobada la pasada semana por Osakidetza sin el apoyo sindical. Establece, entre otras medidas para prevenir irregularidades, la elección de tribunales por sorteo y la utilización de una urna con temas al azar en la parte práctica para que ningún opositor pueda conocer su contenido.

El nuevo modelo fue debatido ayer en el Parlamento vasco a iniciativa de EH Bildu, que planteó a la Cámara una enmienda -transaccionada con Elkarrekin Podemos-IU- en la que sostienen que el Gobierno vasco «no ha dado pasos para garantizar que se puedan evitar las sospechas de filtraciones» y que «las personas que participen recuperen la confianza perdida tras los escándalos de anteriores OPE».

Los proponentes creen que incluso se ha dado «un paso atrás en la búsqueda de transparencia» al dejar en manos de los propios tribunales la decisión de elaborar ellos mismos los exámenes o encargárselos a una instancia externa que, en contra de lo que pretendían los sindicatos, no podrá ser el Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP). Bildu y Elkarrekin Podemos pedían por todo ello a Osakidetza que reformule el modelo y retome las negociaciones con los sindicatos para acordar las funciones del IVAP.

Esta propuesta fue rechazada y se aprobó en cambio otra del PNV y el PSE, que cuentan con mayoría absoluta, en la que se insta al Departamento de Salud a implementar los cambios aprobados garantizando «el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los de transparencia, objetividad y fiabilidad». La enmienda salió adelante con el voto en contra de Bildu y la abstención de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox.

Durante el debate parlamentario, Rebeka Ubera cuestionó en nombre de la coalición abertzale el compromiso del Ejecutivo de corregir las «irregularidades» detectadas en 2018, y aseguró que las condiciones de la nueva convocatoria no garantizan que «no vuelva a suceder». En términos similares se pronunció Jon Hernández (Elkarrekin Podemos), que destacó además el hecho de que el procedimiento se aprobase sin el aval sindical. Laura Garrido, del PP, recordó al Gobierno que, tras el «capítulo negro» de las anteriores oposiciones, tiene «la responsabilidad añadida de no sembrar ningún tipo de duda» en las futuras OPE.

El socialista Ekain Rico, que defendió la idoneidad de las medidas aprobadas, admitió que lo «deseable» hubiera sido contar con el apoyo de las centrales, pero alegó que si la OPE no se convocaba antes del 31 de diciembre se perdía «para siempre» la posibilidad de convocar 3.000 plazas de profesionales sanitarios. Una premura en la que incidió también el parlamentario del PNV Kerman Orbegozo, quien acusó además a la oposición de «utilizar políticamente» este asunto y «extender la sospecha» sobre los profesionales de Osakidetza que formarán los tribunales evaluadores.

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