«Las condiciones para cobrar las 16 semanas de paternidad son excesivas e injustas»

Estas restricciones, recogidas en el último borrador del decreto que el Ejecutivo autonómico quiere aprobar este mes, han soliviantado a los colectivos afectados, «más aún si desde el propio Gobierno Vasco se ha decidido no implantarlas a sus trabajadores –los funcionarios vascos pueden optar desde septiembre a 18 semanas de paternidad, igual que las madres funcionarias–». La federación de asociaciones de familias numerosas de Euskadi, Hirukide, lamenta que se legisle haciendo «juicios de valor previos» acerca de la implicación de los padres en la crianza. Creen que pagan justos por pecadores. «Son tantas las casuísticas que negarles por decreto la ayuda a todos es excesivo e injusto», reprochan.

El colectivo ha seguido de cerca la tramitación del decreto de ayudas a la conciliación, dentro del que se contempla la fórmula ideada para que los padres puedan acogerse a 16 semanas de permiso con el 100% del sueldo retribuido (ocho semanas a cargo de la Seguridad Social, como hasta ahora, y otras ocho bajo la figura de la excedencia financiada por el Gobierno Vasco). Y, aunque valoran el esfuerzo del Ejecutivo, han venido reclamando, sin éxito, en el Consejo Vasco de Familia «que se retiraran los condicionantes que han puesto, al menos para las familias numerosas», refleja Natalia Díez-Caballero, directora de Hirukide. El impacto será negativo:«De lo que parecía a priori una ampliación de la baja paternal a 16 semanas, como sí se ha hecho con los funcionarios, vemos que al final hay tantos condicionantes, que muchos padres no podrán o no querrán acogerse a esas 8 semanas que se ofrecen de más desde Gobierno Vasco», vaticina.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales contempla que la medida pueda beneficiar a unas 17.000 familias vascas, pero a mayores restricciones, menor demanda. La consejería argumenta que las «limitaciones», que hasta ahora no se habían dado a conocer, se han decidido en aras a asegurar la corresponsabilidad, que sea el padre el que se haga cargo en exclusiva de la crianza de su bebé durante el tiempo subvencionado y no vuelva a recaer en la mujer si ella sigue presente en el hogar. La Seguridad Social, que gestiona los permisos de maternidad y paternidad, no contempla ningún límite de este tipo. Tampoco están recogidos en la orden aprobada por el Gobierno Vasco que permite ya a los funcionarios acogerse a 18 semanas de permiso.

Las familias numerosas exponen diferentes supuestos que quedarían excluidos de forma «injusta». «Un autónomo puede no necesitar o querer contratar a una persona a tiempo completo que le sustituya, una pareja puede tener a una persona que les ayude en casa dos, cuatro o diez horas a la semana, o por las que necesites que tu hijo o hija empiece a acudir a la guardería... Negárselo a todas por decreto es excesivo e injusto. Sin ir más lejos, ¿cómo gestionar las semanas de periodo de adaptación que se exigen para el comienzo de un bebé en la guardería, si no cuentas con esas semanas de permiso para hacerlo?».

La asociación reprocha las diferencias que van a crear entre estos colectivos y el resto de padres, y con el personal funcionario. «Puede sonar duro, pero si eres mujer o funcionario, puedes optar a las 16 o 18 semanas de baja para cuidar y atender a tus hijos e hijas sin condiciones, porque se supone que vas a dedicarlas íntegramente a ese fin, pero si eres hombre y trabajas en el sector privado, se te ponen condicionantes, no vaya a ser que no dediques esas semanas a atender a tu hijo o hija y familia. Sabemos que en todos los ámbitos hay gente que tiende a aprovecharse, pero no nos parece adecuado que por juicios de valor previos, se implanten limitaciones de acceso como estas y máxime a las familias con más hijos y, por tanto, más necesidades en el hogar», remarcan.

Entre los trabajadores autónomos llueve sobre mojado. La exigencia de tener que contratar a una persona a tiempo completo que le sustituya durante las ocho semanas extra de paternidad ha ahondado su malestar. «La intención del Gobierno Vasco choca con la realidad de los autónomos», reprocha Silvia Martínez, secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA-Euskadi. «No nos dan los números», añade. «La carga fiscal y la diferencia en la equiparación en derechos sociales con el trabajador asalariado hace que en definitiva cerca del 90% de los autónomos que tendrían derecho a acogerse ni se lo planteen».

El sindicato LAB también censuró las condiciones para cobrar la ayuda y acusó al Gobierno Vasco de «fraude». En una nota de prensa, la central abertzale opinó que la decisión de establecer requisitos a determinados colectivos «vulnera el derecho a decidir de las familias». Recordó que «la Educación tiene que ser un derecho universal», y en este sentido, denunció que no se está cumpliendo la gratuidad del ciclo 0-3 años a las familias con rentas inferiores a 18.000 euros, una medida aprobada por el Parlamento Vasco. «Que Erkoreka diga que se están dando pasos para conciliar trabajo y familia es un fraude. Están dando respuestas aisladas a problemas estructurales», remachó.