La cifra del perjuicio de los comedores «se basó en el informe de Competencia»

Una monitora da de comer en un comedor escolar de un centro guipuzcoano./USOZ
Una monitora da de comer en un comedor escolar de un centro guipuzcoano. / USOZ

Tanto miembros de la comisión parlamentaria como de la propia investigación de la AVC defienden que el fraude rondó los 80 millones

Alexis Algaba
ALEXIS ALGABASAN SEBASTIÁN.

No ha sentado nada bien. De hecho, la principal reacción ha sido de sorpresa e incredulidad. Fuentes consultadas por este medio afirman «no entender» cómo la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha manifestado que la cifra de 80 millones de perjuicio que provocó el fraude de los comedores escolares en Euskadi entre 2003 y 2015 «no se basa en ningún estudio». Las respuestas de la entrevista con la responsable de la AVC que se publicó en DV el pasado domingo han sorprendido a los miembros de la comisión parlamentaria que recientemente se ha cerrado en la Cámara vasca y también a algunos de los firmantes del propio expediente durante la época en la que la AVC fue presidida por Pilar Canedo.

«Las mismas cifras a las que hace referencia la presidencia están en el propio expediente de la AVC», explican, y echan mano de una de las conclusiones de esa investigación que explica que la apertura posterior a la competencia benefició de «un ahorro de más de 7 millones de euros a la administración». Tomando como base esa cifra y teniendo en cuenta que el perjuicio se produjo a lo largo de diez años la comisión parlamentaria concluyó apuntando a un impacto de hasta 80,2 millones de euros. Aunque la presidenta de esa comisión parlamentaria, Larraitz Ugarte (EH Bildu), no quiso responder a las manifestaciones de Urresola, sí que defendió la validez de las conclusiones del informe que fue aprobado hace menos de un mes con los votos a favor de EH Bildu, Podemos y Partido Popular. De hecho, en su día la propia Ugarte apuntaba que el sobrecoste que se denunció en el informe preliminar coincidía con las cifras reveladas en el expediente de Competencia.

Las apreciaciones de la presidenta en DV no han sentado bien entre los que resolvieron el expediente

Las dudas siguen instaladas en el cierre de la investigación sobre las concesiones de 2015

El informe de la comisión, tras la veintena de comparecencias registradas durante meses, considera «acreditado» el sobrecoste y señala a la Administración, a la que considera «corresponsable» del fraude, como sentenció el TSJPV al rebajar de 18 a 7,4 millones la multa, por su «inacción» en los concursos que se celebraron a lo largo de cuatro legislaturas. El informe concluye que el Ejecutivo, y los departamentos técnicos encargados de supervisar las contrataciones, no actuaron «con celeridad ante las sospechas» y que tampoco a posteriori se «ha tomado ninguna decisión» por parte del Ejecutivo con respecto a las empresas implicadas. «¿Cómo es posible que una administración no actúe y sancione a unas empresas que la han engañado?», se plantea, mientras constata igualmente que pese a dichas carencias, no existió «colaboración ni connivencia» entre empresas y responsables técnicos o políticos.

Lo paga «la ciudadanía»

«Nosotros debemos atenernos a lo que han dictaminado los jueces y las cifras expuestas no están dentro de ese pronunciamiento», explicaba el domingo en estas páginas Urresola, presidenta de la AVC desde 2017. «No podemos dar esas cifras como válidas porque no salen ni de nuestra resolución ni de la sentencia del TSJPV ni de ningún estudio económico que lo demuestre», añadía en otra respuesta.

«La estimación realizada en el expediente fue extraordinariamente prudente y los ciudadanos vascos han pagado de más incluso cuando el servicio debería ser autofinanciado», explican a DV fuentes conocedoras del caso, que critican también la forma de proceder que tuvo Urresola al dar carpetazo a la investigación iniciada por el órgano en 2017 tras una denuncia contra una de las empresas que prestan este servicio por abuso de competencia en 2015. «Aunque se ha mejorado la contratación, debería haberse llegado hasta el final en esta segunda investigación», sostienen. Urresola explicó que «el informe encargado a un externo fue analizado por parte del equipo técnico de la Autoridad y argumentando punto por punto se vio que no existían indicios de infracción y cuando no los hay la ley nos impide incoar un expediente».

Urresola añadió también que «se está intentando trasladar el problema a nuevas licitaciones pero en eso podemos decir que hemos examinado los pliegos actuales de Educación y hemos emitido un informe favorable. La situación ha cambiado de una manera absolutamente drástica».