El Gobierno Vasco creará centros para uso exclusivo de mujeres sin hogar

La estrategia, que a diferencia de la actual será de obligado cumplimiento, pone especial atención en el colectivo femenino. Aunque «el peso de las mujeres en situación de exclusión residencial grave es menor que el de los hombres», hay «evidencia suficiente» sobre «la existencia de sinhogarismo oculto» en este colectivo, recoge el documento. Es decir, las mujeres «viven situaciones de exclusión residencial menos visibles que las que afectan a los hombres, pero que implican la falta de vivienda o una vivienda inadecuada». Por eso, se apuesta por una «discriminación positiva en el acceso a los recursos cuando sea necesario». No solo se crearán centros para ellas, sino que desde el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se ampliará la presencia de mujeres entre las trabajadoras de los recursos.

Además de las mujeres, la estrategia considera como «perfiles prioritarios de atención» las personas y familias en precariedad residencial y/o riesgo de pérdida de vivienda, las egresadas de centros de internamiento, los jóvenes sin hogar en situación o riesgo de exclusión, los 'sin techo' con discapacidad o dependientes y las personas sin hogar con enfermedad mental o adicciones. La característica común es la «carencia de un hogar en el que desarrollar un proyecto de vida autónomo». A este factor se suman otros como «la pobreza y la desigualdad, la debilidad de las redes de apoyo y relaciones interpersonales o los problemas de salud mental y adicciones».

El acceso a la vivienda constituye hoy en Euskadi «uno de los factores esenciales de exclusión social» y esta estrategia para el periodo 2023-2028 busca reducir estos casos. Las personas que viven en pobreza severa, por ejemplo, destinan el 45,3% de sus ingresos a la vivienda, cuando el ideal es que este presupuesto no sea mayor del 30%, según la encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. Por eso, la estrategia contempla «diecinueve acciones», entre las que se encuentra garantizar que se «ejerza el derecho a la vivienda», para lo que se refuerzan las medidas de «prevención de los desahucios». También «reforzar los programas de acompañamiento en el tránsito a la vida adulta orientados a las personas jóvenes sin referentes, favorecer el acceso de las personas sin hogar a las prestaciones de garantía de ingresos, facilitar el empadronamiento y su regularización administrativa, garantizar su derecho al espacio público, sensibilizar al conjunto de la población sobre el fenómeno de la exclusión residencia e incorporar la perspectiva de género en la prevención y atención».

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, que inaugura este miércoles las VI jornadas sobre exclusión residencial en Euskadi, asegura que el País Vasco cuenta con «la tasa de cobertura más alta del Estado, 1,4 personas atendidas por cada 1.000 habitantes, con más de 30 euros de inversión del gasto público por habitante frente a los 7 en el conjunto del Estado». Desde la pandemia, el número de 'sin techo' en Euskadi ha aumentado, pasando de 1.683 en 2018 a 2.648 el año pasado, según el VI estudio sobre la situación de las personas en exclusión, un incremento que se explica por «el aumento de los extranjeros sin hogar». De las personas en situación de exclusión residencial «un tercio lleva sin hogar más de cuatro años, un 20% estuvo en un centro de acogida de menores en situación de desprotección y casi la mitad tiene estudios medios o superiores», recoge el informe. Además, «un 20% realiza alguna actividad o trabajo que le reporta algún ingreso económico, el 45% tiene un problema de salud grave o crónica y un 25% recibe la RGI».