EH Bildu rebaja las expectativas de la consejera Tapia sobre el número de viajeros del TAV

EH Bildu pedirá en las instituciones vascas, españolas y europeas que se paralicen las obras de la Y vasca, que se auditen las inversiones efectuadas en este proyecto y se cree en el Parlamento de Vitoria una ponencia para «repensar» el modelo ferroviario para Euskadi. El parlamentario de la coalición abertzale Mikel Otero y los alcaldes de esta formación Idoia Buruaga (Elorrio), David Cobos (Atxondo) -ambos en Bizkaia-, Txelo Auzmendi (Asparrena, Álava) y Beñardo Kortabarria (Antzuola, Gipuzkoa), presentaron ayer la moción que quieren llevar a los ayuntamientos, las tres juntas generales, la Cámara vasca, el Congreso y el Parlamento Europeo.

En el texto se insta a estas instituciones a que inicien los trabajos para modernizar la actual red ferroviariacon la creación de un «tren social» que fomente el equilibrio territorial, ya que el TAV «no dará servicio a los pueblos pequeños» pero sí les causará «claros e irreparables daños» en el medio ambiente.

Se reclama también la paralización de las obras de alta velocidad y que se encargue «una auditoría externa» sobre el proyecto. De manera paralela se pide al Parlamento de Vitoria la creación de una ponencia en la que «se escuche a todos los expertos» para «repensar y valorar el futuro de estas infraestructuras».

Mikel Otero denunció que la consejera de Desarrollo Económico a Infraestrcturas, Arantxa Tapia, ha hecho «una burda manipulación» de la metodología establecida en el ámbito europeo para así poder llegar a la cifra de 8 millones de pasajeros. Precisó en este sentido que, según la metodología de la UE, Adif estimó en el año 2015 que la Y vasca tendría 2,65 millones de pasajeros y no 8 millones como auguró la consejera hace unos días.

Por otro lado, un juzgado de San Sebastián acogerá mañana el juicio por la acción en contra del TAV realizada en 2010 en las minas de Itsasondo, cuando cuatro personas se encerraron el 1 de julio de ese año encadenándose a bidones de cemento para denunciar el tren de alta velocidad y exigir la paralización de las voladuras en el túnel Ordizia-Itsasondo.

El Gobierno Vasco y Euskal Trenbide Sarea (ETS) ejercen las acciones penales y solicitan contra las cuatro personas encausadas penas de 1 año y 6 meses de prisión bajo la acusación de «desórdenes públicos», además de una indemnización conjunta de cerca de 60.000 euros.