«Con el apoyo de Lanbide, 271 personas han conseguido el permiso de residencia»

- Se cumplen dos años de la nueva RGI. ¿Qué balance hace?

- Tenía varios objetivos, fundamentalmente incrementar las cuantías y la población en situación de vulnerabilidad atendida. Lo hemos cumplido y han crecido las familias monoparentales, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo... Otro de los objetivos era agilizar los trámites y ahora, con la declaración responsable y la interoperabilidad, la RGI se aprueba al mes siguiente de presentada la declaración.

- ¿Cuántos titulares de RGI han conseguido trabajo con los nuevos planes que recoge la ley?

- Lo que hacemos es acompañar a algunas personas desde diferentes sistemas para poder trabajar, si se puede, su incorporación laboral. De las que participaron en 2024 en lo que denominamos itinerarios mixtos, un 32% habían estado en un itinerario en los seis meses anteriores a conseguir ese empleo y, si se analizan los doce meses anteriores, esa cifra sube al 46%.

- También tienen programas para personas en situación irregular. ¿En qué consisten?

- Empezamos con un proyecto piloto en Oarsoaldea (comarca de Rentería, Oiartzun, Lezo...), el año pasado lo extendimos y este año ya es una convocatoria abierta de Lanbide. En los tres momentos del proyecto, han empezado 391 personas y 271 han conseguido permiso de residencia. Algunas de ellas también han conseguido ya el permiso de trabajo y están trabajando y otras están a la espera del permiso de trabajo, que les llegará a finales de mayo.

- Estas personas que están de manera irregular, ¿qué peso tienen en la RGI?

- Son alrededor de 7.000 personas sobre 57.980 expedientes.

- Este perfil en muchas ocasiones tiene dificultades para acceder a un contrato de arrendamiento. Si se cambia la ley, quedarían fuera de la prestación.

- Hay otra posibilidad que nosotros aceptamos, que es el empadronamiento social. Eso la ley lo permite, y depende de cada ayuntamiento, que en base a la valoración que hacen los servicios sociales entiende que esa persona puede ser empadronada en una instalación municipal.

- O sea, que tendrían la opción de acceder a la prestación pese a no tener un contrato de alquiler.

- Efectivamente, si el servicio social de un ayuntamiento así lo valora.