ELA no apoya el acuerdo entre LAB y las ikastolas para firmar el convenio

Momento de la firma del acuerdo entre las ikastolas y LAB. /
Momento de la firma del acuerdo entre las ikastolas y LAB.

Los dos sindicatos solo mantienen una postura común en el conflicto en los centros de iniciativa social

Teresa Flaño
TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN.

Los sindicatos ELA y LAB mantienen posturas muy diferentes a la hora de afrontar las negociaciones en el sector de la Educación. Las dos centrales solo presentan un frente común en el conflicto en los centros de iniciativa social de la red concertada. Mientras LAB firmó a finales del curso pasado varios acuerdos con el Departamento de Educación para desatascar la situación en los centros pública, ELA se desmarcó totalmente. Ahora ha vuelto a seguir la misma estrategia en la negociación para renovar el convenio colectivo en las ikastolas, y no respalda el acuerdo alcanzado entre LAB, sindicato mayoritario entre los trabajadores de estos centros, con Ikastolen Elkartea y Eusko Ikastola Batza.

En un comunicado, ELA afirma que el acuerdo «no garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, ni alivia las cargas de trabajo del personal docente, tampoco supone la recuperación del poder adquisitivo ni una mejora sustancial de las condiciones laborales de los colectivos más precarizados y feminizados».

Como ya criticó en las negociaciones en la red pública, para ELA el acuerdo alcanzado el pasado miércoles «frustra las posibilidades de obtener mejoras sustanciales, al descartar la vía de la organización y movilización de los trabajadores del sector», además de considerar que algunos de los contenidos sustanciales se han dejado de lado, por la voluntad del Gobierno Vasco y de la patronal, que «ha decidido qué temas se debían tratar» mientras que no se han tenido en cuenta los que «pudieran tener un efecto real en las condiciones de trabajo».

ELA acusa a LAB de «aceptar y legitimar el planteamiento de la patronal»

ELA acusa a LAB de «aceptar y legitimar el planteamiento patronal», firmando un acuerdo que «no garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, ni alivia las cargas de trabajo del personal docente y tampoco supone la recuperación del poder adquisitivo ni una mejora sustancial de las condiciones laborales de los colectivos más precarizados».

 

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