El agujero inabarcable de la dependencia

El agujero inabarcable de la dependencia

Un 30% de las prestaciones son para cuidadores familiares mientras persiste una lista de espera con 250.000 personas

Daniel Roldán
DANIEL ROLDÁNMadrid

La ley de dependencia entró en vigor en enero de 2007 y solo un año después recibió una herida casi mortal. La llegada de la crisis económica provocó un frenazo en la inversión por parte de las administraciones a este sistema de atención que solo en los últimos ejercicios, tras años de recortes, comienza a recuperarse. Un bache que convirtió situaciones excepcionales en normales, como las prestaciones económicas a los cuidadores no profesionales. «Ahora estamos en un 30% y hemos estado en el 40% porque esa ayuda económica se vio que era más barata que dar servicios en especies. Y, por otra parte, cuando los ingresos de estas familias se desplomaron, estos ingresos venían bien», explica Juan Oliva, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, que participó en un seminario de Funcas sobre 'El valor y el coste de los cuidados familiares a personas dependientes'.

Los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) indican que las solicitudes de prestaciones se situaron cerca de los 1,8 millones desde que comenzó a funcionar el sistema. De estas peticiones, se han reconocido a 1.318.141 personas como beneficiarias con derecho a prestación, lo que equivale a un 79,48% de las resoluciones, según recoge el último informe del Imserso con fecha de 31 de marzo. Sin embargo, los dependientes que son beneficiaros de unas prestaciones apenas superan el millón de personas, con lo que hay cerca de unas 250.000 personas en el «limbo de la dependencia», ya que tienen reconocida la prestación pero la ayuda no llega. Representaban un 19% del total a finales de 2018, según destaca el Observatorio de la Dependencia.

Según sus cálculos, y a pesar que esa lista de espera se redujo en unas 60.000 personas en 2018, se tardarían más de tres años en atender a todas personas. «Resulta lacerante que cuatro de cada diez personas desatendidas son dependientes severos y grandes dependientes», destaca el estudio del Observatorio.

De ese millón de personas que sí están recibiendo las prestaciones, destaca la cantidad destinada a cuidados familiares -que pueden solicitar desde el 1 de abril que el Estado les pague la cotización a la Seguridad Social-. Es la que más demandantes aglutina -409.514 dependientes-, lo que representa tres de cada diez prestaciones. «Demuestra que todavía la principal red de ayuda que existe es la red familiar. Sin esa red de protección, nuestro sistema colapsaría», recalca el profesor Oliva. En cambio, en otros países europeos, los sistemas de cuidado de larga duración se están orientando hacia sistemas mixtos, donde la responsabilidad es com partida por el Estado y las familias. Le siguen, a mucha distancia, la ayuda a domicilio (239.259 personas beneficiarias) y la teleasistencia (226.501). Más de la mitad de los dependientes tiene 80 años o más y son más mujeres (65%) que hombres.

Unos cuidados no profesionales que tienen un valor no solo familiar, sino también económico. Partiendo de la encuesta sobre discapacidad y dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística -un informe que los expertos reclaman una actualización-, el número de horas dedicadas por las personas cuidadoras no profesionales (cerca de 1,3 millones) ascendió a, al menos, 4.193 millones; una cantidad que tendría un valor de entre 23.065 millones y 50.160 millones. Una horquilla que supone entre el 2,1% y el 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB). «En países de nuestro entorno estas cifras llegan al 2,5% del PIB», indica Oliva. «La valoración monetaria del tiempo permite contemplar con mayor perspectiva el enorme valor social del cuidado informal, el cual es más invisible para la sociedad», añade el profesor.

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