Los agroturismos temen que se permitan los pisos turísticos en entornos rurales

Una familia disfruta en el jardín de un agroturismo./MAIKA SALGUERO
Una familia disfruta en el jardín de un agroturismo. / MAIKA SALGUERO

El Gobierno Vasco mantiene una reunión con representantes del sector para transmitir su postura sobre el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC)

Gaizka Lasa
GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Se encuentra el Gobierno Vasco en medio de una pinza entre la tajante recomendación de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) para liberalizar la explotación de viviendas de uso turístico en el medio rural y los intereses del sector que forman agroturismos y casas rurales. Al departamento de Turismo le corresponde regular sobre esta cuestión y sabe que, haga lo que haga, una de las partes se verá perjudicada.

Después de que, tal y como adelantó ayer este periódico, la AVC haya advertido al Ejecutivo de Vitoria de que el actual decreto de viviendas de uso turístico -su disposición adicional primera, en realidad- impide de manera «no necesaria ni proporcional» la actividad económica de particulares en zona rural, el regulador debe optar entre dejar la normativa tal y como está actualmente o modificarla asumiendo la tesis de Competencia.

Lo segundo soliviantaría al sector de los alojamientos rurales, establecidos ya como negocios, según determinados requisitos exigidos por ley. Una representación de agroturismos y casas rurales se reunió ayer con responsables del departamento de Turismo del Gobierno Vasco para conocer cuál es la postura oficial ante el informe de la AVC que el propio Ejecutivo solicitó.

Ninguna de las partes quiso revelar el contenido del encuentro, si bien fuentes consultadas por este periódico señalan que el departamento dirigido por el consejero socialista Alfredo Retortillo baraja modificar la actual regulación en la dirección propuesta por el órgano vasco de Competencia, es decir, la de permitir a cualquier particular alquilar su vivienda o una de sus habitaciones en plena zona rural o agraria.

Actualmente, gracias en parte a la presión de los agroturismos, se excluye del ámbito de aplicación del decreto de pisos turísticos los alojamientos que se presten en las viviendas particulares de uso turístico situadas en núcleos rurales, así como en los hospedajes que presten las personas agricultoras y ganaderas en los caseríos. También quedan fuera de los parámetros exigidos por el decreto aprobado el pasado verano los alojamientos que se presten en edificios que respondan a la arquitectura tradicional, típica de la comarca o zona.

Dejar las cosas como están sería asumir que la actividad del alquiler turístico en el contexto rural se debe ceñir a lo que establece otro decreto, el Decreto 199/2013, de 16 de abril. Su artículo 2 dice que los servicios de alojamiento turístico «podrán presentar las modalidades de agroturismo, casa rural, hotel rural, apartamento rural y albergue turístico rural». Ninguna más. No hace mención ni a las viviendas para uso turístico, ni al alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

Para Competencia, esta regulación está estableciendo «barreras de entrada no necesarias ni proporcionales» a la realización de la actividad económica de explotación de viviendas para uso turístico en el medio rural. La familia que vive en frente del agroturismo de turno no puede prestar el servicio de alojamiento turístico a un veraneante en su casa.

«Posición privilegiada»

Por eso, la AVC dice que «se confiere una posición privilegiada a los operadores incumbentes», es decir, a agroturismos, casas rurales, hoteles rurales, apartamentos rurales y albergues turísticos rurales, porque los propietarios de casas situadas en el medio rural se ven «absolutamente imposibilitados de realizar actividad económica alguna y de, en consecuencia, competir con aquéllos».

Competencia va más allá y advierte de que esta disparidad de criterio según la zona en la que se actúa es «una evidente ilegalidad». Por eso considera que «debe eliminarse dicha restricción» e incorporar a las viviendas para uso turísticos y las habitaciones de viviendas particulares como «figuras alojativas en el medio rural en igualdad de condiciones con las demás figuras alojativas».

Tan contundente resulta el informe que el Gobierno Vasco sopesa seriamente integrar su contenido en la regulación de las viviendas de uso turístico. Si lo hace, podría poner en peligro la viabilidad de las actuales modalidades de alojamiento en zonas rurales, según denuncian agroturismos y casas rurales.

Las asociaciones que engloban este tipo de establecimientos temen que muchos negocios empiecen a darse de baja, dado que siendo una vivienda de uso turístico, sin tener que cumplir obligaciones que contraen por ley los alojamientos, podrían igualmente prestar un buen servicio, similar al que ya prestan hoy en día. No tendrían, por ejemplo, que cumplir normativas relacionadas con la baja tensión, la autoprotección o la legionelosis. Consideran, además, que la competencia en su área de influencia crecería significativamente.

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