Los 30.000 beneficiarios de la PCV quedarán bajo la supervisión de Vivienda en 2019

«Los actuales perceptores de PCV pasarán automáticamente a depender de Vivienda, y conforme se vaya extinguiendo su prestación, que se evalúa cada seis meses, se irán incorporando a la PEV», también dotada con 250 euros y que «de forma escalonada» irá sustituyendo a la PCV. Se trata de un cambio de nombre, de gestión y de filosofía de una ayuda a la vivienda que dejará de estar vinculada al cobro de la RGI y se presenta de forma autónoma, como «derecho» reconocido por ley a habitar una vivienda digna. Pero, como la anterior, está sujeta a evaluaciones periódicas dos veces al año para comprobar si cambian las condiciones de los perceptores.

Ese es el espíritu con el que en 2016 comenzaron a concederse este tipo de prestaciones a las personas que vieron reconocido su derecho subjetivo a una vivienda, pero que no pudieron acceder a una por falta de pisos de alquiler disponibles en el parque público. Desde entonces, 360 personas en toda Euskadi, 66 en Gipuzkoa, están cobrando esta ayuda sustitutiva. En los próximos meses se les sumarán las familias que se encuentran ahora en el trámite de solicitud del derecho subjetivo, y el grueso de los miles de beneficiarios procedentes de Lanbide.

«El texto del decreto está muy cerrado, pero no se aprobará antes de que toda la maquinaria esté engrasada y exista una asignación de recursos completa», tanto humanos como materiales, que eviten lagunas, indica Jáuregui. «Ningún perceptor puede quedarse un mes sin cobrar», asume el viceconsejero, quien resta importancia al hecho de que dicha transición vaya con retraso. «Da igual que sean seis meses antes o después».

En esa acción de «engrase» con Lanbide, el Departamento de Vivienda ha realizado «un estudio pormenorizado» de los medios que precisan. «Lo hemos pasado a Función Pública y a Hacienda, encargadas de redistribuir los recursos» y, en este momento, se encuentran en esa negociación interna, con el consiguiente tira y afloja de cada uno. «Manos nunca sobran y cada departamento defiende sus recursos», asume mientras confía en llegar a un punto de encuentro rápido para dotar a Vivienda de personal y una nueva red de oficinas. «Necesitamos unas 30 o 40 personas más para gestionar ese volumen de ayudas, nos apoyaremos en parte en Alokabide, pero será necesario más personal funcionario y también equipos itinerantes en los territorios», explica Jáuregui.

En este momento, Vivienda es la encargada de gestionar los expedientes del derecho subjetivo a la vivienda (DSV). Hasta junio de 2018, recibió 5.254 solicitudes, 616 de ellas en Gipuzkoa y le quedan sobre la mesa por tramitar otras 759; 23 referentes a documentación remitida por solicitantes de este territorio. Desde que hace dos años y medio, a raíz de la aprobación de la Ley vasca de Vivienda, comenzara a gestionarse este derecho a unidades convivenciales de tres o más miembros, dos y uno, se han adjudicado 719 viviendas de alquiler social -97 en Gipuzkoa-, bien del parque público bien de los pisos que particulares ceden a programas como Bizigune, que tras la última campaña de captación «ha remontado un poco».

De los 3.563 derechos subjetivos reconocidos, en más de la mitad, 2.441 casos, su expediente se encuentra entre los «prioritarios» para una adjudicación -199 en este territorio-, y otros 360 perciben los 250 euros de la PEV. En este tiempo, han quedado extinguidas otras 43 ayudas, debido al cambio de condiciones o a la adjudicación de un piso.

A partir de ahora, se sumarán automáticamente a estas cifras los 26.828 perceptores que, a fecha del pasado junio cobraban la PCV, un total de 31.177 desde el inicio de año si se suman beneficiarios diferentes. De ellos 6.544 eran guipuzcoanos. El coste de cubrir esta prestación fue en junio de 6,8 millones. El gasto aproximado que el próximo año pasará al balance presupuestario de Vivienda.