Lanbide acumula ya 155 millones de euros de pagos indebidos a perceptores de la RGI

Lanbide -el Servicio Vasco de Empleo-, acumulaba el pasado 1 de enero un total de 155 millones de euros de pagos indebidos en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y en la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), según datos de la propia consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal. Esta cifra, facilitada al Parlamento autonómico, revela que los problemas de gestión a la hora de fiscalizar los subsidios a los perceptores de ayudas sociales se mantienen enquistados, e incluso aumentan, con el paso del tiempo.

Lanbide comenzó a gestionar la RGI y la PCV en diciembre de 2011. Para 2014 ya se habían detectado 47 millones de euros de cobros no justificados. En 2015 esa cifra se elevaba a cien millones y desde entonces no ha dejado de crecer.

En Euskadi hay en la actualidad 63.797 perceptores de la RGI, para los que existe un presupuesto anual de 461 millones de euros, partida que el año pasado necesitó un ingreso extra de 33 millones del Gobierno vasco ya que el dinero se agotó antes de cerrar el ejercicio. Aunque la cifra de personas que reciben esta ayuda es la más baja de los últimos años -se llegó a superar los 66.000 en 2015-, la cuantía gastada es superior. ¿La razón? Ha bajado el número de perceptores únicos -que ingresan unos 850 euros mensuales-, y ha subido la cifra de núcleos familiares, con un subsidio medio de unos 1.200 euros. En total, esta ayuda ha supuesto a las arcas vascas 2.963 millones desde que fue asumida por Lanbide. También han subido los beneficiarios de la PCV, que supone un máximo de 250 euros al mes, pago que está ligado a la RGI como ayuda al pago de un alquiler.

En su explicación del cobro indebido ante los parlamentarios, Beatriz Artolazabal se refirió precisamente a la comparación entre el dinero gastado en total y el porcentaje de cobros indebidos. Según su interpretación, «155 millones sobre 3.000 es una cuantía que, aun siendo relevante, no es escandalosa». En este sentido, la consejera incidió en las medidas adoptadas por sus antecesores, Angel Toña y Juan Mari Aburto -actual alcalde de Bilbao-, para tratar de recuperar los pagos indebido. «Se han emprendido vías judiciales así como acuerdos. En este segundo caso, estableciendo pequeñas cuantías a cada afectado de unos 30 euros al mes», indicó.

En 2014, cuando comenzaron a detectarse los pagos no justificados, se remitieron cartas a más de 60.000 beneficiarios de ese año y de anteriores para informarles de que habían cobrado una mayor cuantía y que debían devolver parte del dinero -algunos de ellos habían comenzado a trabajar y Lanbide seguía abonándoles el subsidio-. Esta actuación generó una fuerte confrontación que llevó incluso a que el Ararteko recibiera 9.000 quejas. En marzo del año pasado, la Ertzaintza se incorporó a las labores de control y comenzó a detectar un caso de fraude al día. Había ciudadanos que incluso ya no vivían en Euskadi.

Conformes 9 de cada 10

Según los portavoces del Departamento de Empleo, se han tramitado cerca del 85% de las reclamaciones presentadas, de las que nueve de cada diez han mostrado «su conformidad». Las mismas fuentes insisten en que la mayoría de los casos detectados «no se debe a fraudes, sino a falta de notificaciones en las gestiones administrativas». Como detallan, «el dinero comenzará a recuperarse en los próximos meses».

Desde un punto de vista técnico, la consejería que dirige Artolazabal ha insistido en que el sistema está perfeccionándose, ya que se revisan más expedientes y «esta mejora del control hace que afloren más reajustes en la nómina». En 2015, de los 128.000 expedientes tramitados por los funcionarios de Lanbide, 33.000 fueron revisiones en la concesión de ayudas.