Álava necesitará dos años para ordenar los servicios sociales municipales como dicta la ley

Durante ese tiempo, la Diputación seguirá prestando, «sin ningún cambio», los servicios sociales de competencia municipal que atiende en la actualidad en localidades del territorio de menos de 20.000 habitantes

DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN.

La Diputación de Álava ha acordado con los ayuntamientos del territorio un periodo transitorio de dos años para acordar con cada uno de los municipios pequeños la reordenación de las competencias de los servicios sociales municipales que les corresponden a los municipios y cumplir así con la Ley de Servicios Sociales, que entró en vigor ayer en Euskadi. Durante ese tiempo, la Diputación seguirá prestando, «sin ningún cambio», los servicios sociales de competencia municipal que atiende en la actualidad en localidades del territorio de menos de 20.000 habitantes. Gipuzkoa, que tiene un reparto competencial distinto al alavés, también trabaja para corregir las carencias de servicios y recursos en la red municipal, que se calculan en más de 600 plazas. En la red secundaria, que depende de la Diputación, las necesidades se cifraron en 634 plazas más, de las cuales 417 se consideraron prioritarias. En este tiempo, se han creado 303 plazas y en 2017 se habilitarán 183 más.

«Derechos garantizados

En un comunicado, la Diputación alavesa recordó que hasta ayer asumía la prestación de la práctica totalidad de recursos sociales fuera de Vitoria y la atención a personas dependientes de la capital, pero, con la entrada en vigor de la nueva ley, los ayuntamientos deberían prestar a partir de ahora los servicios de atención primaria, entre ellos el Servicio de Ayuda a Domicilio, las viviendas comunitarias o los centros rurales de atención. La institución foral y el Ayuntamiento de Vitoria, único municipio mayor de 20.000 habitantes y que agrupa al 80% de la población alavesa, suscribieron el pasado 1 de diciembre un convenio marco que reordena las competencias y se determinan cuáles corresponden a partir de ahora a cada una de las instituciones. La Diputación subrayó que, con el acuerdo aprobado, el derecho subjetivo de la ciudadanía al acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales queda «totalmente garantizado, y, simultáneamente, se respeta la autonomía local».