Familiares de los presuntos violadores en Sanfermines reclaman el derecho a la presunción de inocencia

Un furgón de la Policía Municipal entra al Palacio de Justicia de Navarra con los arrestados./
Un furgón de la Policía Municipal entra al Palacio de Justicia de Navarra con los arrestados.

Prisión sin fianza para los arrestados, acusados de "varios delitos de agresión sexual" y un delito de robo con violencia

PABLO OJER

Las familias de los detenidos por una presunta agresión sexual de una joven en Pamplona en la madrugada del 7 de julio han reclamado este sábado para ellos el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.

Tras decretar el juez su ingreso en prisión sin fianza por los delitos de agresión sexual y robo, los familiares de los cinco acusados han hecho difundido un comunicado en el que afirman que se están haciendo "acusaciones muy graves" y publicando "muchos datos que no son ciertos".

El "daño es irreparable", sostienen, y recuerdan que todas las personas "son inocentes mientras no se demuestre lo contrario", al tiempo que rechazan que se les someta a "un juicio paralelo".

Mientras, el juez de guardia ha decretado la prisión incondicional para los cinco acusados de participar en la agresión sexual que tuvo lugar la madrugada del pasado 7 de julio en Sanfermines.

Tras pasar a disposición judicial, ninguno de los cinco acusados han querido declarar, por lo que el juez ha decretado el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los cinco por varios delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia, ya que además de abusar de la joven, le robaron el móvil.

Además, se da la circunstancia de que al menos uno de ellos, grabó la agresión con el móvil, lo que ha servido para identificar el grado de implicación de todos ellos.

Posible expulsión para el guardia civil

Se trata de cinco jóvenes de Sevilla con edades comprendidas entre los 25 y 28 años de edad y responden a las iniciales J.A.P.M., J.E.D., A.J.D., A.J.C.E., A.M.G.E. y A.B.F. Se da la circunstancia de que uno de ellos es guardia civil en prácticas. Desde el Instituto Armado han confirmado que si con las instrucción del sumario se confirman los indicios de su participación, al margen de las responsabilidades penales, la Guardia Civil aplicará el régimen disciplinario interno, que posiblemente implicará su expulsión del cuerpo, han declarado.

La madrugada del 6 al 7 de julio, los cinco acusados abordaron a una joven madrileña de 19 años y la obligaron a entrar en un portal de una céntrica calle de Pamplona. Allí abusaron sexualmente de ella e, incluso grabaron los actos con un teléfono móvil.

La joven, acompañada por unos ciudadanos que se encontró en la calle, presentó una denuncia. Posteriormente, agentes de la Policía Foral reconocieron a los acusados en la plaza de toros de Pamplona, a donde habían acudido para ver el final del encierro y participar en la posterior suelta de vaquillas. El tatuaje de uno de ellos fue fundamental para ser identificados. La Policía Foral dio aviso a la Policía Municipal, quien procedió a la detención de los cuatro jóvenes que habían acudido a la plaza de toros y a un quinto que les esperaba en el coche en un barrio de las afueras de Pamplona.

«Grabaron los hechos»

Según consta en el auto del juez de guardia, los acusados rodearon a la joven en el portal y, "valiéndose de su superioridad física y de la imposibilidad" de la víctima "para solicitar auxilio", llevaron a cabo varias agresiones sexuales "mientras grababan los hechos" y finalmente le quitaron el móvil de la riñonera y abandonaron el lugar.

El magistrado expone que concurren todos los requisitos para la adopción de la medida privativa de libertad por delitos de agresión sexual y robo con violencia o intimidación y asegura que "existen en la causa méritos bastantes" para estimar responsables criminalmente de dichos delitos a los cinco encausados.

En concreto, el juez considera "muy claro" el relato de la víctima en cuanto a la mecánica de los hechos y la imposibilidad de pedir auxilio tanto por tratarse de un lugar aislado como por la "desproporción física" entre la víctima y los agresores, y además destaca que en la grabación "se aprecia la participación colectiva de todos ellos".

Añade también que acuerda el encarcelamiento provisional dada la "extrema gravedad de los hechos", la necesidad de protección a la víctima, "así como las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse" y "la posibilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y utilizando además medios audiovisuales".