Los vascos se sitúan a la cola de litigios en los tribunales junto a los riojanos

La tasa de litigiosidad en Euskadi es de 22,5 asuntos por cada mil habitantes, diez puntos por debajo de la media del Estado

DV SAN SEBASTIÁN.

A los residentes en Euskadi o no les gusta solucionar sus problemas por la vía judicial o tienen menos conflictos que en otras autonomías. Solo así se explica que la tasa de litigiosidad en el País Vasco sea de 22,5 asuntos por cada mil habitantes, la segunda menor de España, solo por encima de La Rioja -pero por muy poco-, con 22 procesos. Las diferencias con el resto del país se agrandan ya que la media del Estado en diez puntos mayor. Fuentes judiciales explican que, dejando a un lado el ámbito contencioso, las tasas más elevadas se concentran en las demandas contra los bancos por cláusulas abusivas y productos financieros (mercantil); al aumento de los conflictos laborales (social) y al de los litigios de divorcios, separaciones y custodias.

La entrada en vigor en diciembre de la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha traducido en el primer trimestre de este año en una disminución del 42,7% en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal. La reforma legal -de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los juzgados-, ha tenido como consecuencia este desplome. El informe publicado ayer por el Consejo general del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos también disminuyó en el resto de las jurisdicciones.

Rupturas matrimoniales

Centrándose en uno de aspectos más personales que llegan a los juzgados, la asociación estatal de Abogados de Familia atribuye el descenso del 15% en las rupturas matrimoniales durante el primer trimestre del año a la crisis económica, aunque la litigiosidad ha aumentado pues abundan las parejas no casadas con hijos que acuden a los tribunales y no salen en las estadísticas.

La crisis económica también ha dificultado durante los últimos tiempos la emancipación de los cónyuges una vez disuelta la unión, de modo que «son muchas las parejas que de hecho están separadas pero siguen conviviendo ante la imposibilidad de liquidar la hipoteca o afrontar el pago más el de una segunda vivienda en alquiler», afirmó la presidenta de la asociación, María Dolores Lozano.