La reforma de la RGI, a examen

El riesgo de que la ayuda se convierta en una subvención al empleo precario y la necesidad de planes de inclusión social y laboral son los retos sobre la mesa

La gestión de Lanbide y los retos de la RGI son cuestión de debate./
La gestión de Lanbide y los retos de la RGI son cuestión de debate.
ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La RGI no ha llegado a salir del plano del debate político cuando las luces vuelven a enfocar al sistema vasco de protección social. El Gobierno Vasco ha anunciado una reforma de la prestación que está siendo estudiada por una comisión técnica y que plantea la idea de sacar del sistema a los colectivos no aptos para el empleo, como los pensionistas o las personas en situación de exclusión grave. El consejero ha pedido «un tiempo muerto» para encauzar una reflexión de fondo, oportunidad para recabar la opinión de expertos en política social. El diagnóstico coincide en una dirección: los cambios son necesarios porque se amontonan los retos, entre ellos, la precarización del empleo y la necesidad de programas de inclusión laboral.

las preguntas

1¿La RGI necesita ser reformada?

2¿En qué sentido deberían ir los cambios?

3¿Sacar a los colectivos de pensionistas y beneficiarios en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide? ¿Qué efecto puede tener?

También habría que favorecer una visión más justa sobre las personas perceptoras de la RGI, no culpabilizándolas de su situación, nadie es pobre porque quiera serlo. Conviene recordar que en estos momentos unas 140.000 personas no tienen empleo en Euskadi, y tampoco se prevé un horizonte mucho mejor a corto plazo. La cuestión clave, por tanto, es cómo garantizamos la inclusión social, cómo vamos a garantizar la participación de todas las personas en la sociedad al margen del mercado laboral, cómo vamos a garantizar la redistribución de la riqueza al margen del empleo; porque el empleo ya no garantiza ni lo uno ni lo otro.

Imanol Zubero Sociólogo UPV«Desvincularía la RGI del empleo, lo contrario a lo que proponen»1 Entre las reformas entendidas como adaptaciones, hay que ir limando las más llamativas aristas como, por ejemplo, los millones de euros pagados de más por Lanbide a muchas personas beneficiarias, pagos que luego deben ser reclamados a estas, con lo que esto supone para unas economías familiares tan precarias. O la mejora en su capacidad de intermediación laboral. Y sí, vale, también todo lo que tenga que ver con la persecución del fraude, por más que sea anecdótico. Pero no creo que estas sean las reformas que de verdad hay que hacer. Al contrario de lo que plantea la doctrina dominante, que pretende vincular más estrechamente el cobro de la RGI con la activación para el empleo, estoy cada vez más convencido de que un mercado de trabajo cada vez más desregulado, incierto y precario, hace objetivamente imposible esa vinculación. La condena al fracaso.

2 En un contexto de precarización creciente del mercado de trabajo, una RGI vinculada de manera expresa a la activación para el empleo puede acabar convertida en una subvención a la contratación precaria, en una especie de complemento con dinero público a los salarios insuficientes. En este momento ya hay más de 10.000 personas que están trabajando y, aún así, cobran unos sueldos tan bajos que los complementan con la RGI. Yo soy partidario de ir ensayando el camino inverso: buscar la manera de desvincular la garantía de ingresos del empleo. Mi ideal sería avanzar hacia una renta básica de ciudadanía, entendida como un derecho.

3 Parece evidente que si se saca a las y los pensionistas, algo más de 15.000 perceptores, la gestión de Lanbide se simplificaría. Si a estos añadimos las personas que puedan ser definidas como «inempleables» (algo, por otra parte, bastante más complejo que lo anterior), la carga de gestión se vería mucho más reducida, al menos en su dimensión cuantitativa. Pero, como ya he indicado, el problema estructural es otro. Es el mercado de trabajo el que genera precariedad y exclusión. Aunque su gestión pueda aligerarse, Lanbide va a seguir enfrentándose al mismo problema: el de un mercado de trabajo estructuralmente exclusógeno. Pensemos en las más de 2.000 personas con estudios universitarios dadas de alta en Lanbide. Que hagan la prueba con estas personas, en principio con buenas condiciones para la empleabilidad. Y ya me contarán cuántas encuentran empleo y en qué condiciones.

Fernando Fantova Consultor social y exviceconsejero del PSE

«Alejar de Lanbide a las personas en exclusión es como sacar de Osakidetza a los enfermos graves»1 Nuestra Renta de Garantía de Ingresos y, en general, nuestra política de garantía de ingresos mínimos para la subsistencia necesita reformas que vayan haciéndola más universal; más sencilla de solicitar, gestionar y recibir y más sensible a situaciones como la pobreza infantil, por ejemplo.

2 Una de las medidas que contribuiría a esa universalización y simplificación sería que las personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos como complemento de una pensión (contributiva o no contributiva, de jubilación o de otro tipo) la recibieran (como un impuesto negativo) desde las Haciendas forales.

3 Alejar de Lanbide a las personas que encuentran más obstáculos para su inclusión laboral tiene la misma lógica que alejar de Osakidetza a las personas con enfermedades más graves (es decir, no tiene lógica). La integración entre política de garantía de ingresos y políticas activas de empleo es más necesaria cuanto mayor sea la exclusión de una persona respecto del mercado de trabajo.

Koro Amunarriz Colegio de Trabajadores Sociales de Gipuzkoa

«Hay que reactivar planes de inserción laboral»

1 Hay que garantizar que la RGI siga manteniéndose como un derecho subjetivo de la ciudadanía.

2 Es necesario que se flexibilice la exigencia de llevar tres años empadronados para poder acceder a la misma, máxime ahora que va a desaparecer la AGI en Gipuzkoa. De la misma forma, entendemos que es imprescindible poder asegurar el acceso a la RGI de colectivos de personas que aun estando por debajo del ingreso de la RGI no pueden acceder a la misma. También habría que equiparar la cuantía de la prestación al menos al Salario Mínimo Interprofesional. Por otra parte, es necesario garantizar la participación de las personas perceptoras en el procedimiento y mejorar la coordinación con los servicios sociales de base.

3 Se debe hacer una reflexión profunda respecto a este tema. Siempre hemos considerado que no era coherente atender desde Lanbide a las personas pensionistas. En caso de derivar la atención a otras entidades públicas, ante todo debe garantizarse una atención profesional y ajustada a sus necesidades con una mayor dotación presupuestaria y de persona con diversos perfiles, donde además de solicitar la RGI puedan trabajar en itinerarios de inclusión social. Esto supondría la inclusión de trabajadores sociales también en Lanbide. La atención a los pensionistas y a las personas en exclusión social debe ser llevada a cabo por entidades públicas y nunca desde entidades privadas y del tercer sector, cuya función debe ser otra. Es también fundamental desarrollar programas de inclusión laboral y social tanto para las personas empleables como en situación de exclusión, porque hasta la fecha estas iniciativas no se han desarrollado y su inexistencia no ha ayudado a la promoción de inclusión social y laboral de las personas perceptoras. Habría además que reactivar los programas que fomenten la formación y la inserción laboral. Planes que hubo en su día, como Auzolan, han desaparecido. A su vez, habría que coordinarse y no duplicar programas entre las diputaciones, ayuntamientos y Gobierno Vasco, como el programa 'Elkar-Ekin', que pondrá en marcha la Diputación tras la supresión de la AGI.

José Emilio Lafuente Cáritas

«Se debe agilizar la resolución de los expedientes»1 La RGI ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No se trata, tan solo, de una prestación económica que atiende necesidades básicas de subsistencia, sino que tiene un impacto social positivo al reducir las desigualdades existentes entre los ciudadanos y ayuda a la cohesión social. En este sentido, todo lo que suponga mejora y fortalecimiento en el desarrollo de esta herramienta nos parece positivo. Por el contrario, todo lo que suponga establecer limitaciones o restricciones lo vemos como algo negativo.

2 Deben reforzarse las acciones dirigidas a la consecución de la inclusión social y prevenir situaciones de riesgo de exclusión social. Dependiendo de la situación en la que se encuentre cada persona, los objetivos que se fijen deberían ser distintos y los medios a disponer también. No es lo mismo una situación de inclusión por el empleo que una intervención en el marco de la inclusión social en situaciones de exclusión social que, a priori, no deberían estar mediatizadas por el empleo, ya que los problemas que puede haber en estos casos es variada y mucho más compleja. Llevar a cabo un acompañamiento en el itinerario de las personas beneficiarias es otro de los elementos que vemos fundamental.

3 No debería tener el mismo tratamiento una renta vinculada a un proceso de inclusión laboral que la que se pueda plantear con personas que ya no van a trabajar, o que no van a poder hacerlo por el momento vital en el que se encuentran. No nos corresponde plantear dónde se deben gestionar las ayudas, sino que, centrándonos en la persona, lo que se debe garantizar es el acompañamiento en los procesos que debieran establecerse, así como dotar de una mayor agilidad a la resolución de los expedientes que, hoy por hoy, es uno de los problemas que existen.

Alfonso López Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN)

«Es necesario deshacer los cambios de 2011 y hacer más accesible la ayuda»1En los últimos años la situación social de Euskadi ha empeorado mucho. Si bien es cierto que mantenemos tasas de pobreza y desigualdad inferiores a las medias estatales y europeas, también es cierto que la pobreza y la desigualdad han aumentado de manera importante en Euskadi. Según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del Gobierno Vasco, el 22,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, en 2008 era el 17,9% y en 2012 el 19,9%. Por ello, es necesario revisar lo actualmente existente para evitar que la pobreza y la exclusión sigan creciendo; para evitar que la cohesión social vaya mermando.

2 Es necesario, al menos, deshacer las modificaciones establecidas en 2011, que básicamente consistieron en endurecer el acceso y rebajar la cuantía de la prestación. Justo al contrario, en estos momentos es necesario hacer más accesible la prestación, que sea más fácil su tramitación, y también es necesario actualizar las cuantías, que fueron rebajadas un 7% en el 2011. Además es necesario rehacer un consenso social y político sobre las bondades del sistema. Además, al hablar de mejoras, una cuestión muy importante es la visión de género; las mujeres soportan tanto a nivel mundial como en nuestro entorno más cercano tasas más altas de pobreza que los hombres.

3 Puede tener sentido organizar la RGI para las personas pensionistas de otra manera. De hecho, sería más adecuado incrementar las pensiones lo suficiente para que las personas pensionistas puedan vivir con la suficiente dignidad. En relación a las personas en situación de exclusión social crónica, hay que decir que no hay ningún instrumento, mecanismo ni protocolo aprobado que conceda esta calificación de «exclusión social crónica»; por lo tanto se antoja complicado el uso de esta denominación. Entendemos que el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social y Lanbide como órgano gestor del mismo están siendo sometidos a una presión mediática y social que no ayuda a que puedan desarrollar su labor adecuadamente. Conviene recordar que la RGI solamente supone el 4,5% del presupuesto del Gobierno, frente a un 6% de los servicios sociales, un 23,5% de educación y un 32% del sistema sanitario.