Aprobada la ley que prohíbe fumar y beber en estadios de fútbol y frontones

La ley permitirá sin embargo fumar en las sociedades gastronómicas si así lo decide la mayoría de los socios en sus estatutos excepto si hay menores

EFEvitoria

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Adicciones, que no permite fumar y vender bebidas alcohólicas en espacios como estadios de fútbol y frontones, y que convierte a Euskadi en la primera comunidad que prohíbe el consumo de cigarrillos electrónicos en los lugares en los que se impide el tabaco.

Todos los grupos parlamentarios han respaldado la Ley vasca de Adicciones y Drogodependencias, excepto UPyD que se ha abstenido, un apoyo que el consejero de Salud, Jon Darpón, ha agradecido, ya que según ha explicado la nueva norma busca seguir protegiendo la salud, especialmente de los menores, y responder de manera "efectiva" a una cuestión "tan compleja y cambiante".

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La nueva norma, una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, prohibirá fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada, como los estadios de fútbol, los frontones o las plazas de toros.

El texto explica que se entiende por espacios semicerrados todas las zonas ubicadas fuera de un local cerrado que estén cubiertas por techumbre o paredes en más del 50 % de su superficie.

La ley permitirá sin embargo fumar en las sociedades gastronómicas si así lo decide la mayoría de los socios en sus estatutos excepto si hay menores

En relación al consumo de alcohol, la norma no prohíbe su consumo en la vía pública, como establecía el proyecto de ley presentado por el Gobierno Vasco, por lo que su prohibición será regulada como hasta ahora por los ayuntamientos, pero sí queda prohibida la venta de alcohol en las instalaciones donde se celebren competiciones deportivas.

La norma también equipara las prohibiciones del tabaco con las del cigarrillo electrónico, por lo que en Euskadi no se podrá "vapear" en los espacios cerrados o semicerrados de uso público, como los establecimientos hosteleros.

Esto supone un paso más con respecto a la regulación estatal, que en 2014 prohibió el uso de estos dispositivos en hospitales, centros educativos y edificios de la Administración, pero no en bares, restaurantes y otros espacios públicos cerrados.

Sanciones

La ley prevé multas desde 600 euros por la comisión de infracciones leves, hasta los 600.000 euros por infracciones muy graves, que pueden suponer incluso el cierre temporal, total o parcial de la actividad del centro por un periodo de dos a cinco años.

 

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