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EFE
Viernes, 19 de febrero 2016, 11:58
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha reconocido este viernes que las altas concentraciones de alumnado de origen extranjero en los colegios públicos "no es un tema baladí" y ha anunciado que su Departamento prepara medidas para dar solución a una "situación compleja que excede del ámbito educativo".
Uriarte ha respondido de este modo a una pregunta formulada en el pleno de control del Parlamento Vasco por la socialista Isabel Celaá.
Celaá se ha interesado por el recorrido "militante" de una madre marroquí residente en Vitoria por varios centros concertados de la ciudad para matricular a su hijo de tres años. Celaá ha recordado que en todos ellos aludieron a la religión musulmana que profesa para animarle a no prematricular a su hijo y le recordaron que en estas escuelas se cobraban cuotas mensuales.
Ha advertido de que de ser cierta esta conducta estos colegios "no sólo fracasaron en su proyectos educativos, sino que vulneraron la ley que impide criterios discriminatorios".
Por ello, ha instado a Uriarte a mantener una "conversación muy seria con las patronales" de los centros concertados e incluso le ha animado a sancionarles si se comprueba que están manteniendo criterios discriminatorios en la admisión de su alumnado.
Celaá se ha referido al Manifiesto a favor de la Escuela Pública Vasca en Vitoria-Gasteiz respaldado por madres y padres de la escuela pública, docentes, directores y asociaciones de Vitoria, para subrayar que "nunca antes se había oído una manifestación coral de esta naturaleza" para denunciar la segregación del alumnado de origen extranjero en las escuelas públicas.
Ha reconocido la "dificultad" que entraña hacer frente a esta situación, pero ha insistido en que se debe trabajar "con mucha más intensidad" para buscar soluciones.
La consejera ha asumido que no se trata de un "tema baladí", pero también ha dicho que "no es un problema entre centros concertados y públicos". Ha mostrado la preocupación de su Departamento por resolver una situación "de profunda raíz social" en el que asume que se debe trabajar con "medidas específicas" y de manera consensuada con distintos ámbitos sociales.
En este sentido, ha anunciado que Educación está analizando posible medidas para dar respuesta a las demandas sociales, parlamentarias y del Consejo Escolar de Euskadi, con el fin de afrontar esta "compleja situación que excede del ámbito educativo".
Entre estas medidas, ha apuntado la revisión de los criterios de las comisiones de escolarización y la homogeneización de los mismos en los tres territorios.
«Inclusión y cohesión social»
También ha defendido que la reserva del 10% de incremento del ratio en las aulas para posibles nuevas matriculaciones durante el curso debe ir dirigida a cubrir las necesidades de la Administración, entre las que se dará prioridad a "la inclusión y a la cohesión social". Además, ha abogado por lograr una "mayor coordinación interinstitucional para dar solución a esta situación desde una perspectiva global y eminentemente social".
Asimismo, ha asegurado que se va a dar un impulso a todos los planes de atención al alumnado inmigrante, de interculturalidad y de refuerzo lingüístico ya en marcha.
"Estamos trabajando para que todos los niños, con independencia de su origen, estudien en los colegios en condiciones de igualdad", ha insistido Uriarte, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno Vasco "está en contra de todo tipo de discriminación sea cual sea su origen" y hará "todo lo que esté en su mano para evitarla".
En cuanto al caso de la madre marroquí que intentó matricular a su hijo en centros concertados de la ciudad, ha señalado que espera que "toda esta polémica no haya sido fruto de un experimento de un sindicato".
Además, ha señalado que su Departamento se ha puesto en contacto con esta mujer para animarle a denunciar y ella ha rechazado esa posibilidad.
"Si fueran ciertos estos hechos serían inaceptables e inexplicables, pero hoy no tenemos la seguridad para decir que sean verdaderos. Animamos a todas las personas que hayan podido sufrir discriminación a hacer denuncias oficiales", ha concluido la consejera.
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