La incapacidad de probar el uso del detector de radar impide a la Ertzaintza multar al infractor

Control. Un ertzaina busca antirradares en 2008, cuando la Ertzain-tza contaba con la tecnología necesaria./
Control. Un ertzaina busca antirradares en 2008, cuando la Ertzain-tza contaba con la tecnología necesaria.

La Ley de Tráfico prohíbe utilizar estos aparatos, pero la Policía vasca carece de la tecnología para sancionar «con garantías»

DAVID S. OLABARRISAN SEBASTIÁN.

La falta de medios de la Ertzaintza para demostrar el uso de detectores de radares impide sancionar con garantías a los conductores que utilizan estos dispositivos, que han sido puestos en el punto de mira de la nueva Ley de Tráfico que entró en vigor el pasado mayo. El problema reside en que la normativa aprobada por el Gobierno central habla textualmente de que está prohibido «utilizar» estos aparatos, pero no dice nada sobre su posesión. Y, claro, ¿cómo se puede probar que una persona ha utilizado un detector de radares por mucho que lo tenga instalado en su vehículo?

«Es extremadamente complicado si no se dispone de la tecnología necesaria. Y nosotros no la tenemos», reconoce un ertzaina de la unidad de Tráfico. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene, sin embargo, que, a pesar de no disponer de la máquinas necesarias, los policías podrían detectar su uso a través de la «forma de conducción» y un posterior registro del vehículo. Los mismos portavoces de la consejería también insisten en que algunos de estos aparatos -que también tienen incorporados inhibidores- «interfieren» en el funcionamiento de los radares y que, de esa forma, también se podría llegar a constatar su uso. Ertzainas de la unidad de Tráfico muestran dudas sobre los argumentos defendidos por el Ejecutivo e insisten en que estas multas no tendrían una base lo suficientemente «sólida» como si estuviesen sustentadas en los datos que aporta la tecnología. «Un recurso tendría opciones de prosperar», apuntan las mismas fuentes.

Hace varios meses, los agentes de Tráfico recibieron charlas internas para analizar las principales novedades que la modificación de esta ley conlleva en su trabajo diario. Entre los principales asuntos que se trataron en estas reuniones figuraron los detectores de radares. El Gobierno central pretende erradicarlos de las carreteras por su «incompatibilidad con las normas sobre limitación de velocidad y, en general, con las normas de seguridad vial». Los mandos explicaron a los ertzainas que, en términos generales, no podrán multar a los conductores a los que se descubra uno de estos aparatos, que tanto han proliferado en los últimos años, si no existen pruebas claras de que lo han utilizado.

La venta de estos detectores, que pueden costar en torno a los 1.000 euros, aumentó partir de 2009 a raíz de una modificación legislativa que no especificó sus limitaciones administrativas y los situó en una suerte de limbo legal. Hasta ese año su utilización había estado prohibida. De hecho, la Unidad de Tráfico de Bizkaia de la Ertzaintza probó en 2008 un aparato -el RDD Spectre IV- que precisamente permitía descubrir los detectores de radar instalados en los coches, aunque estuviesen camuflados. En apenas cinco días, la Policía autonómica denunció a 60 individuos por llevar una de estas máquinas, que funcionan rastreando las señales que emiten los radares -ya sean fijos o móviles- que se encuentran cerca del vehículo. Este sistema de prevención, que costaba entonces entre 1.500 y 2.000 euros, dio tan buenos resultados que, solo en una mañana, los agentes destaparon 34 aparatos en un control colocado en el peaje de Llodio.

Los detectores policiales, que emiten una especie de pitido cuando detectan la presencia de uno de estos dispositivos en funcionamiento, funcionaron tan bien que desde Tráfico se propuso la adquisición de varios dispositivos para incorporarlos a las distintas unidades territoriales. Sin embargo, el proyecto quedó en vía muerta a raíz de la citada modificación legislativa de 2009, recuerdan las mismas fuentes policiales. El Gobierno Vasco decidió devolver los antidetectores cuando los dispositivos que debían controlar se introdujeron en un vacío legal y, por tanto, dejaron de ser manifiestamente ilegales.

Inhibidores y avisadores

La reciente modificación de la Ley de Tráfico pretendía aclarar este galimatías legal fijando una posición clara al respecto. La normativa de la Dirección General de Tráfico sentenció que los conductores a los que se sorprenda usando una de estas máquinas serán sancionados con una multa de 200 euros y con la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.

La introducción del verbo «utilizar» acarrea, sin embargo, problemas de aplicación para la Policía, que es precisamente la encargada de velar porque se cumpla la ley. Unas dificultades de interpretación que no existen, por ejemplo, en el caso de los inhibidores, que lo que hacen es interferir en el «correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico». Es decir, un vehículo puede pasar a 200 kilómetros por hora sin ser detectado por un radar. La normativa establece claramente la prohibición de «instalar o llevar» en los vehículos estos inhibidores, que han sido ilegales en todas las modificaciones de la Ley de Tráfico. Por último, se encuentran los denominados avisadores, que no están restringidos porque se limitan a informar al conductor de las posiciones de los radares fijos gracias a los datos recabados en bases de datos de carácter público.