Tormenta de verano en torno al euskera

El euskera no está demasiado acostumbrado a la calma chicha, pero en las últimas semanas parece que hay marejadilla en las aguas por las que navega. Y amenazando con mar gruesa, en la medida en que en las críticas a la 'Agenda Estratégica 2013-2016. Un idioma vivo para la convivencia', que presentó hace poco más de un mes el lehendakari Iñigo Urkullu, va subiendo el tono de los calificativos, y también la intensidad de las descalificaciones.

En lo sustancial, el documento que concreta en 168 acciones la actuación del Gobierno Vasco en materia de promoción y fomento del euskera de aquí al final de la legislatura, en 2016, no presenta novedades extraordinarias con respecto a lo que ya se venía haciendo hasta ahora. Tampoco está solo en el centro de la polémica. Se le ha unido la pasada semana el informe remitido por el Ejecutivo al Parlamento Vasco, a petición de la Cámara, en el que se cuantifica el dinero que el Gobierno Vasco ha destinado a la promoción del euskera en los últimos 30 años: 1.874 millones de euros, desde los poco más de tres que se consignaron en 1983 hasta los 93 de 2012. Los recursos destinados al euskera por parte de la institución que corre con las dos terceras partes del gasto público en este campo (en total, 68 euros por habitante y año) fueron en 'crescendo' constante y muy acusado entre 1983 y 2008, año en el que se alcanzó el techo (hasta ahora) con 115 millones. Han ido en descenso desde entonces, al compás de la crisis y tienen visos de ir recuperándose.

A esos 1.875 millones, que como se ve en el gráfico adjunto suponen poco más del 1% del presupuesto total del Gobierno Vasco y se destinan sobre todo a la euskaldunización de adultos y del sistema educativo, se ha referido el último en sumarse a la lista de críticos con las inversiones realizadas por el Gobierno Vasco para normalizar la presencia social del euskera, el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro.

Maneiro califica de «monumental inversión» los 1.874 millones de euros que se han destinado al euskera entre 1983 y 2012, que se elevarían a 2.100 incorporando los importes de 2013 y 2014, ejercicio que el Gobierno Vasco no ha hecho porque supondría comparar meros presupuestos (es decir, previsiones), con presupuestos liquidados (es decir, dinero realmente gastado), lo que restaría homogeneidad a la cuenta. Extremadamente crítico siempre con la política lingüística vigente, Maneiro tampoco esta vez se ha andado con chiquitas, y ha asegurado que la cuantía, que él eleva a 2.100 millones sumando los presupuestos de 2013 y 2014, «se acerca al dispendio», añadiendo que las políticas lingüísticas que han permitido desarrollar «han sido agresivas, coercitivas y de imposición» para lograr, además, «escasos resultados».

A la «imposición» y a los dudosos resultados -«creemos que con menos se puede llegar más lejos», dijo-, se ha referido también esta semana el popular Iñaki Oyarzabal, que ya hace un mes hizo hincapié en que a pesar de las inversiones hechas en las últimas tres décadas, «·el euskera no acaba de avanzar en la medida en que todos quisiéramos».

Cuestión de prioridades

Las críticas que se han sucedido desde que el propio lehendakari presentó la hoja de ruta del conjunto del Gobierno Vasco en lo que respecta a la promoción interna y externa del «bilinguismo real y equilibrado» reflejan, fundamentalmente, profundas discrepancias a la hora de establecer prioridades. Desde la socialista Idoia Mendia, que fue la primera en mostrar su disconformidad ante un plan que prevé presupuestos bastantes continuistas de unos 112 millones al año -de ahí los 336 millones hasta final de legislatura- hasta Gorka Maneiro, que se pronunció recientemente, pasando por Oyarzabal.

Los tres, de una u otra manera, han criticado que se dediquen al euskera recursos que podrían dirigirse a otros fines, situándolo bastante lejos de la cabeza en su lista de prioridades. Han coincidido también al poner en duda los resultados obtenidos en 30 años de políticas activas a favor del euskera. Y al hacerlo utilizando un tono que no se escuchaba en los últimos debates sobre el euskera, como el que se produjo en el Parlamento en torno al ESEP, el plan de acción para la promoción del euskera que extiende sus propuestas a toda la sociedad, sectores público y privado incluidos, en el que se enmarca el plan del Gobierno hasta 2016.

EH Bildu tampoco ha acogido con entusiasmo una Agenda Estratégica que, según el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, es un «contrato social que el Gobierno hace con la sociedad, recogiendo de manera muy precisa acciones concretas, y con sus correspondientes mecanismos de evaluación». Lo hace de manera más matizada y mostrando su disposición al diálogo, pero calificando el contenido de la Agenda y, en general, la acción del Gobierno, de «política lingüística retrógrada que considera al euskera una lengua de segunda categoría» y, en consecuencia, inaceptable.

Al Parlamento

Patxi Baztarrika, que se confiesa un poco perplejo ante la reacción que han suscitado las menciones a los dineros destinados al euskera, «que son los mismos que se han ido incorporando a los presupuestos sin dar lugar a mayores polémicas, porque tiene que quedar claro que no estamos hablando ni de partidas ni de planes extraordinarios», está «absolutamente abierto a promover un debate sobre los contenidos». «Creo que es absolutamente conveniente y necesario. Por eso el mismo día en que se presentó la Agenda solicitamos por iniciativa propia la comparecencia de la consejera y mía para presentarla en el Parlamento», asegura.

Al Parlamento tiene previsto recurrir el PP, que pedirá que se retire el Plan «y ese dinero se destine a Educación, Sanidad y Empleo». UPyD tiene también una pregunta preparada para el lehendakari, por lo que es previsible que el euskera se cuele en el debate político. Ahí se verá «qué precio queremos pagar cada uno para que la igualdad de oportunidades de uso de las lenguas sea mayor que ahora, y para conseguir que los derechos de los bilingües sean los mismos que los de los monolingües, algo que hoy no ocurre. El día que nadie se sienta obligado a cambiar de lengua habrá más igualdad, más libertad y mejor convivencia. En eso estamos invirtiendo».

Baztarrika defiende la eficacia de las políticas aplicadas en las últimas décadas y destaca que «con voluntad y adhesión no basta, hacen falta medios. En la CAV en los últimos 30 años el euskera ha ganado 318.000 hablantes, mientras la población solo ha aumentado en 38.000 personas. El conocimiento ha crecido en 12 puntos entre 1991 y 2011, el uso en 6,6, que llega a 23 entre los más jóvenes. En Navarra e Iparralde, donde las inversiones en euskera son ínfimas, apenas avanza y ha descendido en torno a 10 puntos, respectivamente. La relación entre recursos y resultados está muy clara».