Viviendas construidas para vivir

Una de las viviendas protegidas que se subarrendaba pertenece a esta promoción de Riberas. / A. M.
Una de las viviendas protegidas que se subarrendaba pertenece a esta promoción de Riberas. / A. M.

¿Es justo el reparto de VPO? Los casos de alquileres a turistas reabren el debate sobre el acceso a los pisos protegidos |

Jorge F. Mendiola
JORGE F. MENDIOLA

El Ayuntamiento ha abierto expediente sancionador a cinco titulares de VPO por subarrendarlas como apartamentos turísticos, una práctica ilegal que además de un castigo económico puede -y debe- conllevar la rescisión del contrato con el inquilino y su expulsión de la vivienda. Las sospechas de los vecinos han permitido descubrir los tejemanejes de al menos dos de estos adjudicatarios, que con su nada ético proceder han reavivado el debate sobre la justicia y efectividad del reparto de pisos de alquiler social.

Matrículas extranjeras y un trajín de maletas

Vehículos de alta gama en los garajes, matrículas extranjeras, maletas arriba y abajo... Las pistas de que a una vivienda protegida no se les está dando el uso para el que fue construida son muchos y variados. La picaresca existe y siempre ha existido, pero hoy en día las administraciones cuentan con medios de control suficientes para detectar este tipo de comportamientos. Y por si esto no fuera suficiente, ahí surge la figura del vecino vigilante, que se ve en la obligación de denunciar porque es consciente del daño que los infractores hacen a la imagen general del beneficiario de una VPO.

Un porcentaje «ínfimo» del parque de Etxegintza

La pregunta que muchos se hacen es: ¿ocupan las viviendas protegidas de titularidad municipal quienes realmente tienen más necesidad de un techo? Por los datos que maneja Etxegintza, sí. Al menos, en un porcentaje mayoritario. Ya lo dijo el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, al informar el lunes de estos cinco casos concretos. El delegado socialista insistió en dimensionar correctamente la cuestión porque hay más de 1.800 pisos protegidos de alquiler en la ciudad y cinco irregularidades suponen un porcentaje «ínfimo» del total.

Ayudas complementarias frente a la necesidad

Si lo ocurrido es una excepción y no la norma, ¿qué lleva a estas personas a realquilar a turistas esas VPO por las que tanto lucharon y esperaron? Según confiesan, la necesidad más que la avaricia. La crisis ha golpeado con tal fuerza, la precariedad se ha agarrado tanto al mercado laboral que tener trabajo ya no es garantía de nada, ni siquiera de llegar a final de mes. Sea como fuere, y por extrema que se antoje la situación particular de los infractores, Ramos advirtió de que si algún inquilino pasa dificultades económicas «no está justificado que acuda al subarriendo» dado que «hay otras ayudas a las que puede acceder para paliar su situación».

Cuando hay que elegir entre el alquiler o comer

En conclusión, el problema no es que los beneficiarios de pisos de protección pública no estén lo suficientemente controlados o no se verifiquen los ingresos que declaran, factor clave en el orden de adjudicación. El problema es que la situación es tan insostenible para amplios segmentos de la población -por ejemplo, la extinta clase media baja- que no basta con un alquiler de renta social para sacar la cabeza del agujero, sino que también se necesitan ayudas específicas para pagarlo sin tener que renunciar a la comida o la luz. Y cuando todo eso tampoco alcanza, el recurso de la ilegalidad -aquí son subarriendos a turistas o intercambios de viviendas protegidas, en otros lugares será el marisqueo furtivo o el desembarco de fardos de hachís- aparece en el horizonte como último bote salvavidas.

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