Vivienda iniciará el miércoles el proceso para declarar Donostia zona tensionada

Ese proceso ya lo han superado Zumaia y Lasarte-Oria, que aguardan que el departamento competente del Gobierno Vasco termine la redacción y publique la orden final en el boletín oficial del País Vasco después de que no se hayan presentado alegaciones. Una vez de que eso suceda, será el turno de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana elabore la orden, a publicar en el BOE y que lo hace de manera trimestral. Zumaia y Lasarte-Oria serán declaradas zonas tensionadas oficialmente en abril y se sumarán a Errenteria, el primer municipio vasco en conseguirlo y cuya orden se publicó el 29 de enero.

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Entre esos dos grupos de municipios se encuentra Irun, cuya petición de declaración fue publicada el 19 de febrero y su período de alegaciones concluye el 19 de marzo. El departamento de Vivienda y Agenda Urbana va a tratar de que la fase de la redacción final para que se publique en el BOPV sea rápida para que al Ministerio le dé tiempo de publicarlo en el BOE de abril, pero no está garantizado. Si no fuera así, la ciudad fronteriza y San Sebastián irán de la mano para ser oficialmente declaradas zona tensionada para el alquiler de la vivienda en julio.

Eso quiere decir que, si todo sigue su curso natural –como está sucediendo hasta ahora– en verano el 44,5% de la población de Gipuzkoa –321.664 habitantes de 722.824– residirá en zonas declaradas tensionadas para el alquiler de la vivienda. Y el grupo de localidades que se acojan a esta opción no se quedará ahí porque Astigarraga es otro de los municipios que ya ha iniciado los trámites para la declaración de mercado residencial tensionado. El departamento de Vivienda tiene abierto el expediente correspondiente y ha iniciado los contactos con el consistorio para analizar los planes urbanísticos para tres años que la declaración lleva consigo.

Sin embargo, a toda esta legislación hay que sumarle las ruedas para que comience a andar, que es el índice de precios de referencia de alquiler ya que el objetivo es la fijación de precios de los arrendamientos que estableció la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. Es decir, queda por conocer el baremo que sirva de techo de los precios.

Es una de las herramientas con las que cuentan los municipios para hacer frente a la problemática de la vivienda, y el Gobierno Vasco espera dotar de más recursos a los consistorios después del anuncio que hizo el miércoles el consejero Denis Itxaso de plantear la reducción del 75% al 60% la exigencia de VPO en las nuevas construcciones, reforma que el departamento presentará como proposición de ley para tratar de agilizar los plazos y aprobarla durante este 2025.

Donostia, en su petición de ser declarada zona tensionada, también incorporó la cesión de doce terrenos municipales al Gobierno Vasco para construir cerca de 5.200 pisos protegidos.