Vecinos de Okendotegi denuncian las «cantidades irrisorias» que les ofrece Adif por expropiar sus pisos

Entre 80.000 y 120.000 euros es lo que el gestor de infraestructuras ferroviarias ha ofrecido a cada propietario, según ha asegurado este viernes Gari Arrese-Igor, que ha hecho de portavoz de las familias afectadas en una rueda de prensa que han ofrecido en el consistorio donostiarra, auspiciados por EH Bildu y Elkarrekin.

Las concejalas de estos grupos municipales, Reyes Carrere, y Haizea Garay, han acompañado a los residentes que serán expropiados por Adif de un edificio de tres alturas con nueve viviendas que está ubicado en el camino de Okendotegi, en el barrio donostiarra de Martutene, y que tendrá que ser derruido para poder ejecutar las obras del tren de alta velocidad en ese tramo.

Según han informado EH Bildu y Elkarrekin Donostia, se trata de nueve familias, entre las que hay personas solas de edad avanzada y niños, que recibieron «hace varios meses» una comunicación del gestor ferroviario que les informaba de que serían expropiados y que tendrían que abandonar sus casas en principio para noviembre pasado.

Aunque no han recibido aún «el acta de expropiación definitiva» y las obras han estado «paradas», los vecinos de ese inmueble están «muy preocupados» porque ya han comenzado los trabajos de movimiento de terrenos en la zona.

Según han dicho, temen que el derribo pueda ser «inminente» y advierten de que no pueden adquirir viviendas equivalentes en el mismo municipio con las cantidades que les dan, menos aún en el caso de algún propietario con «préstamo hipotecario por el doble de la cantidad» que le ofrecen.

Además de interponer recursos y quejas ante Adif, han asegurado que han acudido al Ayuntamiento de San Sebastián «en busca de amparo» e incluso han llegado a reunirse con el alcalde, Eneko Goia, sin que por el momento les hayan dado «ninguna solución».

Las ediles de EH Bildu y Podemos han recordado que la corporación donostiarra «aprobó por unanimidad» el pasado octubre una moción conjunta suya en la que se instaba al consistorio a mediar y garantizar el realojo de los afectados, pese a lo cual «el gobierno municipal sigue sin ofrecer» una salida a esta problemática.