La Justicia permite a Garbera seguir con su ampliación

Trabajos previos a la ampliación de Garbera (parking en silo), un proyecto cuyas obras comenzarán a comienzos del próximo año./FRAILE
Trabajos previos a la ampliación de Garbera (parking en silo), un proyecto cuyas obras comenzarán a comienzos del próximo año. / FRAILE

Desestima la petición de la Federación Mercantil en el recurso contra la modificación del PGOU. Estima que los recurrentes «no han concretado los perjuicios de imposible o difícil reparación» que les causaría el proyecto

Aingeru Munguía
AINGERU MUNGUÍA

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado la petición de la Federación Mercantil de Gipuzkoa de paralizar cautelarmente la ampliación de Garbera mientras se analiza su recurso contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hace posible la operación. Hace un año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián desestimó otro recurso de la misma entidad contra el convenio firmado por el Ayuntamiento para hacer realidad el proyecto. En ambos casos, la Justicia ha hecho pagar las costas a esta agrupación de comerciantes. El auto del TSJPV puede ser impugnado mediante recurso de reposición en un plazo de 5 días.

El grupo Unibail-Rodamco promueve mediante una inversión de 115 millones de euros un proyecto de ampliación de Garbera que doblará sus puestos de trabajo y aumentará la superficie terciaria en 25.000 m2. De momento, se realizan trabajos previos de desvío de canalizaciones y se construye un parking en silo provisional para 700 plazas para dar servicio a los clientes durante las obras. El Ayuntamiento tramita las licencias para ejecutar la ampliación, unos trabajos que podrían comenzar a principios de 2019 y prolongarse más de dos años.

CLAVES JURÍDICAS

Perjuicios
El TSJPV deniega la cautelar solicitada por la Federación Mercantil de Gipuzkoa porque no acredita que «su no adopción le causaría perjuicios de imposible o muy difícil reparación».
Desaparecen los límites
El auto rechaza que el proyecto choque con el PGOU, dado que inicialmente lo incluía. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco se opuso a la ampliación en virtud de unas limitaciones del PTS de Equipamientos Comerciales que luego fueron anuladas por el Tribunal Supremo.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 19 de julio de forma definitiva la modificación del PGOU que avala una operación que permitirá incrementar en 25.000 m2 el techo de uso terciario, además de un crecimiento de 71.490 m2 para un aparcamiento bajo rasante. La Federación Mercantil de Gipuzkoa y Dendartean recurrieron esta decisión del Ayuntamiento y, en concreto, la primera entidad solicitó la suspensión cautelar del acuerdo municipal, recurrido con el argumento de que su ejecución ocasionaría «perjuicios al interés general» en la medida de que los objetivos del proyecto «vulneran abiertamente el Plan General de Ordenación Urbana».

La defensa del Ayuntamiento se opuso a esta pretensión recordando lo dictado en sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de San Sebastián que concluyó que en la operación «concurre un interés público relevante», un argumento que también utilizó Unibail-Rodamco, según recoge una sentencia del propio TSJPV, de 8 de marzo de 2017. La propietaria de Garbera recordó además que no se puede sostener que el proyecto «rompe» el modelo urbanístico del PGOU de 2010 porque este documento incluyó inicialmente la ampliación de Garbera, pero tuvo que eliminarse ante un informe negativo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco que se acogía a unos límites impuestos por el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales que, posteriormente, fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo. Unibail-Rodamco recordó que el proyecto reportará al Ayuntamiento 5,9 millones de euros y causaría unos perjuicios a la empresa de 3,4 millones de euros por lucro cesante anual por lo que solicitó una caución (fianza) de 11,1 millones de euros en el caso de aceptarse la medida cautelar solicitada.

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV explica que la medida cautelar «requiere como condición necesaria la prueba, siquiera indiciaria, de que su no adopción causa perjuicios de imposible o difícil reparación» y «únicamente si se acredita su existencia, procede la ponderación de tales perjuicios con los intereses generales y derechos de terceros que se opongan a su concesión». Pero lo que ocurre en el caso, continúa el auto, es que «la recurrente no llega a concretar los perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran derivarse para ella o sus asociados de la no suspensión del acuerdo recurrido». La Federación Mercantil de Gipuzkoa «no alega perjuicios propios, únicos perjuicios que legitiman una pretensión de tutela cautelar», lo que «conlleva necesariamente la desestimación de la pretensión».

La resolución indica que, siguiendo la doctrina jurisprudencial, «es obligado reconocer que concurre un claro interés público en la ejecución del planeamiento, puesto que se trata de una potestad atribuida por la ley al planificador para, con la legitimidad democrática que le asiste, definir lo más conveniente para la satisfacción de los intereses generales en la ordenación de la ciudad, interés público que en principio es prevalente respecto de intereses privados». El auto asume la argumentación de Unibail-Rodamco relativa a que la ampliación de Garbera no se puede decir que es contraria al PGOU, dado que este documento incluía este proyecto inicialmente y fue el Supremo quien anuló los límites que impidieron su presencia en la aprobación definitiva. El TSJPV desestima la media cautelar e impone a la Federación Mercantil de Gipuzkoa el pago de 1.000 euros por las costas.

 

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