Summa Aldapeta reubicará el lunes a 250 alumnos en el antiguo edificio de Marianistas

La escalera provisional instalada por Summa Aldapeta en el patio fue montada y desmontada el jueves./
La escalera provisional instalada por Summa Aldapeta en el patio fue montada y desmontada el jueves.

El director del colegio y la empresa constructora cruzan acusaciones tras el desmontaje de una escalera provisional de evacuación en el patio

Jorge F. Mendiola
JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN.

El conflicto entre Summa Aldapeta y Amenabar por el derribo de elementos de un edificio todavía en uso vivió ayer un nuevo capítulo con cruce de acusaciones. El colegio informó a los padres y madres de los alumnos de que a partir del lunes reubicará a 250 niños de 1º y 2º de Primaria del edificio Santiago en otras dependencias del centro, medida «temporal» que se mantendrá hasta que se «restituya la seguridad de evacuación».

En una circular repartida a las familias afectadas, el director general de Summa Aldapeta, Javier Cortés, explicó que la decisión se tomó tras un «episodio desagradable» acontecido el jueves: los operarios de la empresa Ulma, contratada por el propio colegio para la instalación de una escalera de emergencia en el patio -en sustitución de la parcialmente demolida en vísperas de iniciarse el curso-, empezaron a desmontar el andamiaje cuando estaban «a punto de culminar» el proceso.

El centro se dirigió entonces a responsables de Ulma y, según se detalla en la carta, estos le informaron de que «la causa no era otra que amenazas de la constructora» que acomete el desarrollo urbanístico de San Bartolomé. Al no disponer de las vías de evacuación que exige la normativa, Summa Aldapeta ha optado por trasladar a los alumnos al edificio Chaminade -antiguo Marianistas-, donde sí puede «garantizar la seguridad».

Estas acusaciones fueron tachadas de «falsedades» por Amenabar, que en un comunicado anunció acciones legales contra el director de Summa Aldapeta, a quien considera responsable de los retrasos que sufre la operación urbanística origen del conflicto. Tras asegurar que su prioridad es «la seguridad de los niños», la constructora advierte de que la instalación de la escalera metálica se realizó en una zona de su propiedad y «sin informar previamente» de la misma ni estar esta «prevista en la planificación de seguridad e higiene de la obra, con el potencial riesgo que ello conlleva».

También Ulma salió al paso de las afirmaciones de Cortés y detalló en otro comunicado que cuando estaba a punto de finalizar el montaje le notificaron que este se estaba llevando a cabo en una propiedad de la cual no es titular el colegio, «irregularidades» ante las que adoptó «unilateralmente» la decisión de detener los trabajos, desmontar la escalera, retirar el material y renunciar al encargo.

Desde Summa Aldapeta acusan a Amenabar de «impedir» la entrada a la obra de la dirección facultativa y «secuestrar» el libro de órdenes de la misma, además de «intentar cambiar» esa dirección facultativa porque la constructora «es consciente de que los derribos que está llevando a cabo no tienen la autorización de la dirección facultativa».

Amenabar señala a su vez a Cortés por haberse «desentendido de la planificación de las obras» al no atender a «ninguna de las alternativas» de realojo propuestas -la última, el palacio de Miramar- ni «presentar un proyecto definitivo» para el nuevo colegio, que la empresa construirá como parte del acuerdo de compraventa de la parcela que hoy ocupa el centro educativo.

Orden de desalojo

Otras compañías que trabajan en el desarrollo urbanístico de San Bartolomé, como Impercaya, Babesa Suzai, Levitec o Tecman ratificaron la versión de Amenabar y confirmaron que si la operación no avanza es porque «a día de hoy existen numerosas soluciones y aclaraciones pendientes de definición por parte de los arquitectos autores del proyecto».

En su misiva a los padres, el director de Summa Aldapeta concluye que «la presión está bien orquestada» por parte de las compañías implicadas y afirma que el Ayuntamiento tiene «constancia verbal y escrita» de que los trabajos de demolición se están ejecutando «en desobediencia expresa» de la dirección de obra. Desde el departamento de Urbanismo se decretó a última hora de la tarde el «desalojo» del pabellón Santiago hasta que se cumpla la normativa contra incendios.

Summa Aldapeta, cuyo solar será ocupado por una promoción de viviendas una vez se complete el traslado al nuevo colegio, recuerda que «siempre» ha basado sus decisiones en los contratos firmados con la constructora para esta operación. Y la escritura de compraventa de la parcela dice que «las edificaciones que se mantendrán en uso para la actividad docente durante la fase 1 de las obras serán: pabellón Santiago y polideportivo». «La fase 1 no está concluida, por tanto no cabe ningún tipo de actuación», argumenta la dirección del centro.

Los padres y madres de los 250 escolares que el lunes serán reubicados en aulas del edificio contiguo no ocultan entretanto su «preocupación» y «malestar» por lo sucedido y se han organizado para defenderse. Han llamado a la constructora y han impulsado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org bajo el título «Amenabar, no jueguen con la vida de nuestros hijos por su interés económico», que a media tarde de ayer ya había recibido el apoyo de más de mil personas.

No descartan otro tipo de acciones, como por ejemplo una concentración de protesta, y advierten de que la responsabilidad de «tomar las medidas oportunas para garantizar la seguridad y el servicio» es de Summa Aldapeta, al que también corresponde «informar de los pasos que vaya dando».

Amenabar reitera su disposición a analizar la situación «en su globalidad» y dar solución «inmediata» a los problemas planteados y a la convivencia de las obras con la actividad escolar, con «plena seguridad» de los alumnos. «Es por lo que hemos velado en todo momento», expresa en el comunicado.

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