San Sebastián

Stop Desahucios admite que la promoción de Igara es «legal» pero la recurre en tribunales porque quieren más VPO

La líder del colectivo, Rosa García, se mostró «sorprendida» de los «ataques» lanzados por el alcalde, Eneko Goia, el martes, cuando dio a conocer en rueda de prensa la maniobra de Stop Desahucios, que ha llevado la intranquilidad a 6.300 familias apuntadas a las 514 viviendas que tienen esas dos promociones, previstas para iniciarse este año.

García aclaró que su plataforma solo ha interpuesto un recurso ante el TSJPV a la promoción de Igara, la que tiene prevista edificar 252 viviendas (el 40% protegidas) en el antiguo solar de DV, no a la de Illarra (262 viviendas, el 50% de protección pública), recurrida «hace dos años» por una asociación de vecinos porque al ser terrenos urbanizables la proporción de vivienda debe llegar al 75%.

Lo que no ha terminado de aclarar es cuál es la ilegalidad que su colectivo ha visto y que ha sido motivo de recurso ante el TSJPV, dado que al ser esta parcela un suelo urbano la proporción del 40% de vivienda protegida (52 viviendas de alquiler social y 50 tasadas) sí es un umbral legal.

«Queremos que haya más viviendas de alquiler social. Que estén tranquilos los apuntados a Etxegintza porque solo queremos que suban ese porcentaje del 40%». «Esperemos que se retiren los ataques que estamos recibiendo esta semana cuando se conozca el recurso», añadió.

Fuentes del Departamento de Urbanismo señalaron que el recurso no va a conseguir aumentar el porcentaje de vivienda protegida de la promoción. «Lo que en todo caso logrará es que la parcela vuelva a ser de terciario y que en vez de 252 viviendas se levante un hotel de 12.000 m2 de techo, que es la edificabilidad reconocida de la parcela, algo mayor que el Costa Vasca, que tiene 10.000 m2».

Las mismas fuentes señalaron que esta situación lo que va a generar es una intranquilidad no solo entre los promotores de estas dos parcelas sino en los que quieren actuar en cualquier terreno de la ciudad, que a partir de ahora se lo pensarán dos veces si les conviene hacer vivienda en la ciudad. «Con un 80% de vivienda pública ninguna empresa va a querer construir, eso está claro», lo que provocará un efecto de «encarecer aún más la vivienda existente».

El Ayuntamiento ha gastado 31,5 millones de euros en los últimos diez años en 302 viviendas de alquiler social (48 en Illarra, 162 en Txomin Enea, 37 en Jolastokieta y 55 en los apartamentos dotacionales de Intxaurrondo) y tiene comprometidos otros 40,2 millones de euros para edificar este tipo de vivienda hasta 2027, entre ellos 6,6 millones de euros para hacer realidad los pisos de alquiler social de la antigua parcela de DV y 12 millones de euros para las 131 viviendas protegidas de Illarra. «Dos tercios de nuestra deuda como Ayuntamiento son debido a nuestras inversiones en vivienda pública», concluyeron.