Piden a las instituciones «pinchar la burbuja especulativa» de los alquileres

La portavoz de la plataforma, Rosa García, ha hecho este emplazamiento en una rueda de prensa organizada por Stop Desahucios ante la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián para «denunciar los desalojos« de los alojamientos dotacionales emplazados en el barrio donostiarra de Intxaurrondo de »familias monoparentales con hijos menores al final de sus contratos de cinco años improrrogables«.

García ha estado acompañada en esta comparecencia por cuatro mujeres «en riesgo inminente de desalojo» con hijos a su cargo y una de ellas afectada por una discapacidad, a las que han respaldado con su presencia distintos representes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de San Sebastián, entre otras personas.

Durante su intervención, Rosa García ha demandado que en los trámites de acceso a las viviendas sociales se apliquen «baremos sociales» que primen «a las unidades familiares con más hijos, sobre todo menores de edad, y con rentas comprendidas entre los 3.000 y los 16.000 euros«, como es el caso de estas cuatro afectadas.

«O se les prorroga el contrato o se les proporciona un alquiler social», ha recalcado la activista, para reclamar a continuación a las instituciones que adopten «medidas arriesgadas y valientes» al problema de la «especulación» en los alquileres para solucionarlo, como «establecer un canon de penalización a las viviendas vacías«.

Ha explicado en este sentido que las «unidades monoparentales con hijos a su cargo» y las «personas discapacitadas con movilidad reducida» que viven en los citados «alojamientos residenciales para jóvenes» de Intxaurrondo «no tienen garantizada una vivienda social» al finalizar el plazo de concesión de cinco años.

Una situación que, según ha denunciado, está propiciada por su «imposibilidad de acceder a un alquiler privado por sus precios especulativos«.

Ha avanzado además su intención de presentar un escrito ante la delegación del departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para reclamar que garantice a las cuatro afectadas «una vivienda de alquiler social acorde a sus necesidades» o que «se les prorrogue sus contratos el tiempo necesario hasta que puedan acceder a ella».

En otro momento de la comparecencia, la miembro de Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián que apliquen «un baremo social» a la lista de inscripciones para las 162 viviendas sociales del barrio de Txomin Enea.