Los 93,4 millones que costaría trasladar los cuarteles hacen casi inviable la operación

Imagen de los actuales cuarteles de Loiola, que abarcan 170.000 metros cuadrados./MICHELENA
Imagen de los actuales cuarteles de Loiola, que abarcan 170.000 metros cuadrados. / MICHELENA

Defensa comunicó a Goia esta estimación que pone muy díficil poder avanzar en la negociación | La imposibilidad de rentabilizar esta inversión se suma a la dificultad para encontrar unos suelos donde reubicar las instalaciones

Dani Soriazu
DANI SORIAZUSAN SEBASTIÁN.

Casi 100 millones de euros. Ese es el coste que tendría que asumir el Ayuntamiento para trasladar los cuarteles de Loiola a otra ubicación. O mejor dicho, el gasto que tendría que asumir para construir unas nuevas instalaciones de las mismas dimensiones en otra zona de San Sebastián. Se trata de una cuantía que, no solo entorpece aún más el camino para alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Defensa, sino que lo que hace casi imposible de recorrer.

El alcalde Eneko Goia ya trasladó la semana pasada, tras reunirse con la ministra Margarita Robles en Madrid, que no iba a ser una tarea fácil. Fue en esta cita cuando el Ministerio puso sobre la mesa cuáles eran sus condiciones para aceptar un posible traslado del acuartelamiento. En primer lugar, que el consistorio ofrezca un espacio de 170.000 metros cuadrados con las mismas características que las instalaciones actuales para la nueva ubicación. Y, segundo, que se haga cargo de la construcción de los nuevos cuarteles. Ayer Goia, en una Junta de Portavoces donde se abordó este asunto, puso nombre y apellidos a lo que eso supondría de coste para las arcas municipales: 93,4 millones de euros.

«Tenemos mucho que hilar y lo tendremos que hacer de forma muy fina para lograr una solución viable», afirmó entonces Goia. Y no es para menos. El Ayuntamiento se ve en la tesitura de analizar la forma con la que consiga rentabilizar el coste tan elevado de esta operación. Y una de las claves estaría en la proporción de vivienda protegida y libre que se construyera en estos terrenos. «Cuanta más vivienda privada, más ingresos obtendría el consistorio» para financiar el traslado de los militares pero más se alejaría de la finalidad última de la operación: materializar un nuevo barrio de viviendas de protección que pueda dar una respuesta efectiva a la demanda de vivienda a precios asequibles de la ciudadanía.

Estos terrenos (17 hectáreas) tienen hoy la calificación de equipamiento comunitario y habría que recalificarlos como residencial para hacer vivienda, algo que solo depende del Ayuntamiento. Es la administración local la que puede hacer que esa parcela valga más o menos. Y en esta decisión, según explicaron fuentes de Alcaldía, es más importante la proporción de vivienda privada respecto a la protegida, que el número de pisos que se lleguen a construir.

«Si vamos a hacer un nuevo barrio, optaremos por una alta densidad residencial, cercana a las 100 viviendas/hectárea, lo que significaría unas 1.600 viviendas. La clave aquí es si hacemos un 40% de pública y un 60% de privada o un 50/50, un 60/40 o un 70/30», explicaron en septiembre fuentes de Alcaldía.

El Ayuntamiento donostiarra desearía construir, al menos, un 60-70% de pisos protegidos. Según algunos estudios municipales, se podrían llegar a obtener más de 20 millones de euros si la proporción de VPO fuese alrededor del 60% del total. Pero es una cuantía que se queda muy lejos de los 93,4 millones que serían necesarios para levantar una nueva sede para los cuarteles militares, según el Ministerio de Defensa.

La proporción entre la vivienda protegida y libre que se construya es una de las claves

Fuentes municipales dicen que la situación inestable de Sánchez no es la mejor para negociar

Cosa distinta sucede con la cuestión de la ubicación alternativa, que si bien tampoco es un tema sencillo, tiene más visos de encontrar una solución. El Ayuntamiento trabaja actualmente con la posibilidad de que sea Zubieta el lugar donde puedan trasladarse las nuevas instalaciones militares.

El Ministerio de Defensa ya ha descartado completamente la opción de la loma de Antondegi, en Martutene, por lo que los terrenos de Eskuzaitzeta, donde irá la futura cárcel y se construye la incineradora, son los suelos que se postulan ahora mismo como la opción preferente. De hecho, el Estado dispone aquí de un gran solar de 28 hectáreas en el que está previsto que se construya la nueva prisión, aunque se desconoce cuáles serán sus dimensiones finales y si daría para albergar ambos proyectos.

Gobierno débil

Fuentes municipales explican, por otra parte, que la actual situación política del Estado tampoco ayuda a crear un clima propicio para alcanzar acuerdos de envergadura, como este de los cuarteles de Loiola, entre el gobierno municipal y el de Pedro Sánchez.

La incertidumbre sobre cuánto durará la legislatura socialista debido la debilidad parlamentaria con la que se sostiene su Gobierno, los resultados electorales en Andalucía y las dificultades para sacar adelante los Presupuestos 2019 no son factores que ayuden a lubricar precisamente la negociación con Defensa.

Cierto es, sin embargo, que este ha sido el primer Gobierno Central que ha tenido a bien promover una reunión entre el titular del Ministerio de Defensa y el alcalde donostiarra, después de dos décadas sin un mínimo avance de la cuestión. Han sido dos las citas que han mantenido Margarita Robles y Eneko Goia, y todavía queda pendiente una tercera, cuya fecha no ha sido concretada.

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