Un grupo de jóvenes ocupa la antigua ikastola Orixe en la Parte Vieja de San Sebastián

La acción se llevó a cabo a media mañana. Algunos vecinos dijeron a DV haber denunciado los hechos varias veces ante la Guardia Municipal, pero ningún agente se presentó en el lugar. El colectivo difundió una nota en la que explica que pretende convertir en gaztetxe el edificio, hoy utilizado solo en su planta baja como hogar del jubilado. «Tenemos muchos motivos, ansiamos vivir en un barrio mejor y más libre», proclamaron. Los ocupantes argumentan que el inmueble «lleva mucho tiempo abandonado y solo han agitado supuestos proyectos, cuando los colectivos del barrio solicitaron su uso como auzo etxe hace 4 años». Los firmantes, que dicen ser algunas de las «últimas estudiantes» de un edificio en su día utilizado por la ikastola Orixe, dicen que lo ocupan «para recuperar su función social, para necesidades y proyectos del barrio y la juventud».

Entre estas «necesidades» no parece que se encuentre, para el colectivo, el dedicar el solar para apartamentos accesibles para personas mayores, que es el destino que el Plan de Vivienda del Ayuntamiento otorga al inmueble. Fuentes del ejecutivo local señalaron que ante la «ocupación ilegal de un edificio municipal» se tramitan los pasos necesarios, previsiblemente ante el Juzgado, para «restablecer la situación lo antes posible, con la debida cobertura legal».

No es el primer intento de ocupación que sufre este portal. El pasado 29 de junio varios individuos lo intentaron sin éxito a plena luz del día. A principios de julio unos obreros custodiados por la Policía blindaron el edificio contra eventuales nuevos ataques. Según testigos presenciales, no lo debieron hacer muy bien porque los asaltantes entraron «con una facilidad increíble». Constatado el asalto, el caso ha pasado a manos de la Ertzaintza.

La Gazte Asanblada de la Parte Vieja ya ocupó en 2011 en la calle Mari un edificio privado, con la complicidad del gobierno municipal de Juan Karlos Izagirre (Bildu). Una comisión de investigación determinó en sus conclusiones, aprobadas por el Pleno, la «responsabilidad política» del alcalde por permitir unos hechos en los que estuvo implicado su secretario personal.