Goia declara como testigo por el 'caso Bidegi' y dice que tiene «la conciencia tranquila»

Goia a la salida de los juzgados de Azpeitia/DV
Goia a la salida de los juzgados de Azpeitia / DV

Se investiga si en la construcción de la AP-1 se pagaron 30 millones de dinero público por unos trabajos que supuestamente nunca se llegaron a realizar

AGENCIAS

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha declarado en calidad de testigo en el juzgado de Azpeitia por el 'caso Bidegi', causa que investiga el presunto pago de 30 millones de euros de dinero público por unos trabajos supuestamente no realizados en la autopista AP-1. Goia, que en el momento de los hechos era diputado foral de Carreteras de la Diputación de Gipuzkoa, ha manifestado que tiene «la conciencia tranquila».

La declaración, que ha transcurrido con «absoluta normalidad» durante cerca de dos horas, se ha llevado a cabo ante la jueza que instruye el caso y el abogado de la acusación particular.

Al término de su declaración en el Juzgado, Goia ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que tiene «la conciencia absolutamente tranquila» y ha explicado que la comparecencia ha sido «normal» y en la misma ha contestado a las preguntas que se le han planteado «con absoluta naturalidad».

«Entiendo que tal vez el interés está más en el foco mediático de venir a declarar, pero en lo que a la declaración en sí se refiere, ha discurrido con total normalidad y ofreciendo la información de la que dispongo sin ningún problema», ha señalado, al tiempo que ha admitido que «no es agradable tener que pasar por estas situaciones».

El denominado 'caso Bidegi', que se encuentra en fase de instrucción, la cual podría prolongarse hasta 2022, investiga si en la construcción de la AP-1 se pagaron 30 millones de dinero público por unos trabajos que supuestamente nunca se llegaron a realizar.

La investigación arrancó en 2014 cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu y con Martin Garitano como diputado general, presentó dos querellas por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en el tramo Eskoriatza-Arrasate y en el del túnel de Isuskitza.