Eneko Goia: «La sentencia es un ataque al proceso de normalización del euskera»

Fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián aseguran que se «analizará con la secretaría general si se presenta recurso» contra esta sentencia. Por de pronto, Eneko Goia manifestado que «no es la primera sentencia en este sentido que afecta a una administración pública vasca. En este caso nos afecta a nosotros como Ayuntamiento de San Sebastián y la valoración es muy negativa. Porque es un ataque en la línea de flotación del proceso de normalización del euskera que las administraciones públicas vascas hemos llevado a cabo durante estos últimos años y afecta a esa apuesta que hacemos y mantenemos por la revitalización del euskera».

El primer edil donostiarra ha agregado que «los derechos de los ciudadanos a la hora de prestarles servicios deben estar garantizados y con esta sentencia no lo están. Aún y todo, desde el ayuntamiento donostiarra vamos a trabajar en favor de la normalización y la revitalización del euskera con fuerza, con ganas y con convencimiento».

Volviendo al fallo judicial conocido ayer, la sala de lo Contencioso-Administrativo estimó un recurso presentado por un particular y defendido por el abogado Francisco Ignacio López Lera, tras presentar una demanda contra el Ayuntamiento de Donostia. La cuestión por la que se recurría la convocatoria de empleo público del consistorio donostiarra era que sus bases exigían perfil lingüístico en euskera como condición para acceder a las dos plazas ofertadas de agente de la Guardia Municipal. El ayuntamiento donostiarra, por su parte, se opuso a la estimación del recurso interpuesto al determinar que la «exigencia del referido perfil lingüístico de euskera se justificaba para garantizar la atención a la ciudadanía en euskera».

Sin embargo, la sentencia dictada por el magistrado entiende que no es necesario que todos los agentes de la policía municipal de San Sebastián conozcan el euskera para garantizar a los ciudadanos el derecho a relacionarse con la administración utilizando esa lengua.

En términos similares a Goia se ha pronunciado Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco. «Antepone el derecho de dos personas a consolidar su trabajo al derecho que tienen los ciudadanos de ser atendidos y recibir los servicios en euskera», ha lamentado el consejero, que ha querido mostrar «su respeto y apoyo al Ayuntamiento de Donostia tras la decisión.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno Zupiria ha recordado que el decreto de normalización del euskera «estableció un marco general» a partir del cual cada administración ha desarrollado políticas concretas y los planes de normalización en base a las «necesidades sociolingüísticas» de cada localidad, así como aquello con lo que tenían que cumplir los trabajadores municipales.

En ese sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento de Donostia «ha impulsado durante 40 años un proceso de normalización ejemplar que ha garantizado que los derechos lingüísticos estén mejor garantizados» en la capital guipuzcoana y que la última decisión cuestiona la capacidad del consistorio para «establecer los requisitos lingüísticos». Asimismo, ha destacado que la sentencia no es firme y que «entiendo y comparto» que el consistorio donostiarra recurra la decisión.

Tampoco ha ocultado su decepción con la sentencia que rechaza exigir euskara en la OPE de la Guardia municipal de Donostia la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que la ha valorado como «muy negativa» y ha recordado que existe «un consenso político muy importante en nuestro país, en nuestro territorio, para que los empleados y empleadas públicas conozcan los dos idiomas oficiales», de forma que «los derechos de la ciudadanía puedan ser respetados, los derechos lingüísticos». Así, ha lamentado que la decisión del juzgado vaya «en contra de ese consenso».

«A partir de ahí, seguiremos trabajando con el resto de instituciones para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la igualdad de la euskara con respecto al castellano en todos los ámbitos, también evidentemente en las administraciones públicas», ha incidido.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha defendido que los jueces «aplican sistemáticamente desde hace 42 años» el decreto mencionado por Zupiria y ha negado que haya falta de sensibilidad de los jueces de Euskadi con el euskera. Eso sí, Subijana ha apuntado que «como en cualquier sociedad democrática, se pueden discutir los criterios de los jueces para resolver cuestiones circunscritas al acceso a la función pública».

No obstante, ha admitido que ahora se dan dos situaciones de análisis: una, la que tiene que ver con el acceso a la función pública, y otra del ámbito de la Ley de Régimen Local, «donde hubo un precepto que fue objeto de un cuestionamiento de constitucionalidad y que dio lugar a una sentencia mayoritaria que no era unánime del Tribunal Constitucional, considerando que esa previsión, tal como estaba, no era compatible con la Constitución», ha señalado en una entrevista concedida a Radio Euskadi

A su parecer, los últimos reveses judiciales tienen que ver con «el modo y manera en que se interpretan esos preceptos en clave de acceso a la función pública, tal como está contemplado en el artículo 27 de la Constitución«, y no tanto con »un fallo de marco legal« o con la «supuesta la falta de sensibilización de los jueces y tribunales con el uso del euskera».

Finalmente, Kontseilua denunció a través de una nota que con estas sentencias «el poder judicial está cambiando las normas de juego, poniendo en solfa la oficialidad del euskera, obstaculizando el el proceso de normalización y perjudicando los derechos de los ciudadanos».