San Sebastián

Donostia cierra la puerta al alquiler forzoso y la expropiación de viviendas deshabitadas

La concejala de la formación progresista recordó que las soluciones planteadas están «recogidas» en la Ley de Vivienda para «garantizar el fin social» de los pisos y que el decreto que las regula data del año 2021, por lo que «el Ayuntamiento ha tenido tiempo más que suficiente para ponerlas en práctica». «Necesitamos un parque público de vivienda para que la gente no tenga que hipotecarse de por vida y ser esclava del mercado», sentenció González.

El edil de EH Bildu Ricardo Burutaran ahondó en estos argumentos al señalar que «la propiedad privada debe cumplir con una función social, según dice la ley», al tiempo que calificó de «imposible» que la solución llegue «solo» de la construcción de promociones residenciales: «Las leyes plantean medidas novedosas a la vista de que las aplicadas hasta ahora no han surtido el efecto que se esperaba».

En el lado opuesto se posicionaron la coalición gubernamental y el PP. La delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, apuntó que tanto el alquiler forzoso como la expropiación son medidas «muy fuertes» y hay que abordarlas «con seriedad». La responsable del PNV dijo que en nombre de su grupo que «no compartimos estas soluciones coercitivas» y criticó a Elkarrekin Podemos por «obviar una realidad: la expropiación lleva consigo el pago de un justiprecio y el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para comprar viviendas deshabitadas». Contó que ha hecho un cálculos aproximados y «los números no cabían en la calculadora».

Desde las filas del PSE, Ane Oyarbide puso en valor la ley vasca, «que fue pionera», y avanzó que la expropiación «se estudiará en su momento, pero antes disponemos de otras armas para combatir el problema del acceso a la vivienda como la declaración de la ciudad como zona tensionada o la construcción de más pisos protegidos».

El portavoz popular, Borja Corominas, fue quien empleó las palabras más duras contra los postulados de Elkarrekin Podemos. «Se empeñan en aplicar políticas que nunca han funcionado con la ilusión de que esta vez funcionen», señaló el edil, quien remarcó que «el derecho a la propiedad privada es un principio fundamental de la democracia liberal». «Estas leyes no van a ningún lado y sus efectos nocivos ya se están notando en San Sebastián», concluyó.

La moción de Elkarrekin Podemos incluía un segundo punto en el que se pedía al gobierno municipal la implantación de un canon a la vivienda vacía, herramienta también contemplada en la ley autonómica de 2015. La solicitud tampoco salió adelante, aunque en esta ocasión fue necesario desempatar con el voto de calidad del presidente de la sala, el propio Goia.

PSE se alineó con la coalición morada y EH Bildu, mientras que tanto el PNV como el PP se mantuvieron en el no. Ayer faltaban tres concejales –los abertzales Juan Karlos Izagirre y Olaia Duarte y el portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa–, por lo que el número de manos alzadas era par y cabía la posibilidad del empate, como así sucedió.

La socialista Oyarbide justificó su apoyo por que «ya se está trabajando para aplicar el canon a la mayor brevedad y con la máxima seguridad jurídica posible», una labor que describió como «minuciosa e intensa» con el objetivo de «garantizar que las cosas se hacen bien».

Arzallus, del PNV, recordó que la puesta en marcha del canon «requiere de un cruce de datos con el Gobierno Vasco, para lo que ya existe un grupo de trabajo», y afirmó que «no nos consta que el resto de ayuntamientos vascos lo hayan aplicado por las dudas que genera», en referencia a las posibles duplicidades con el recargo del IBI con el que se grava a las viviendas vacías.

El Pleno rechazó este jueves modificar el protocolo de apertura del servicio de puertas abiertas del albergue La Sirena. Los votos de los grupos políticos que sustentan el gobierno municipal (PNV- PSE) fueron suficientes para que la moción presentada de forma conjunta por EH Bildu y Elkarrekin, a la que se sumó el PP, no saliera adelante. Los proponentes solicitaron regular «a la mayor brevedad posible» la apertura del recurso situado en Ondarreta durante todo el invierno, ampliando su horario de atención actual, de 20.30 a 08.30. Además, instaban al gobierno municipal a «abrir de forma urgente el albergue La Sirena en el plazo de 48 horas, sin esperar a la modificación del protocolo y sin esperar a que existan heladas o temperaturas bajo cero».

Fue la concejala de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, Mariaje Idoeta, la encargada de defender el servicio que actualmente ofrece el consistorio a las personas que viven en la calle. Defendió la «notable» mejora de este servicio en la última década, con las 100 camas que tiene preparadas, y recordó que para este invierno se ha sumado un servicio especial de calle dirigido a las personas más vulnerables, aquellas que no son capaces de cuidar de sí mismas y las que no quieren pernoctar en los centros gestionados por el consistorio. Aprovechó la ocasión para recriminar a EH Bildu y Elkarrekin que «piden para Donostia lo que no son capaces de ofrecer allí donde gobiernan».

EH Bildu logró que la corporación aprobara una moción en la que solicita al equipo de gobierno a «reunirse con la asociación de vecinos de Egia para llegar a acuerdos sobre los cambios en las líneas 9 y 42 de Dbus». «Claro que me voy a reunir con ellos. Y si me dicen que prefieren tener frecuencias cada 30 minutos, y no de 20, en vez de mantener el recorrido nuevo que funciona ahora, lo haremos», dijo Olatz Yarza, concejala de Movilidad. La responsable política de Dbus insistió en que los cambios de frecuencias y recorridos se han hecho por «necesidad, tanto en Egia como en el resto de barrios». EH Bildu, que reclamó «más inversiones», presentó esta moción aprobada, y otra que no lo fue y que pedía revertir los nuevos itinerarios de las líneas 9 y 42, «ya que es la demanda de los vecinos». Yarza dijo que se podría volver al recorrido anterior «si hubiera alternativas, pero ahora no las hay».

PNV y EH Bildu sacaron adelante una moción en defensa del euskera tras la reciente sentencia que considera «discriminatorio» exigir un determinado nivel para ser guardia municipal. El resto de grupos votó en contra al entender que «no hay un ataque» a la lengua vasca «ni se pueden vulnerar derechos como optar a un puesto público en igualdad de condiciones»

El PP se quedó solo en su moción para que el retrato del Rey vuelva a presidir el Salón de Plenos, como ocurría hasta 2011. «Hay que cumplir la ley y respetar el estado de derecho», recalcó el popular Borja Corominas, a quien el alcalde, Eneko Goia, advirtió de que este asunto «está muy lejos de la preocupación o interés de la ciudadanía».

El corporación municipal aprobó este jueves por unanimidad en el Pleno una moción presentada por EH Bildu en la que se insta al gobierno municipal a «promover los escenarios de consulta» con la Asociación de Vecinos de Martutene y con el propio barrio, «a la hora de definir por dónde discurrirá el trazado viario» desde el puente de Martutene hasta la nueva rotonda cuyo expediente de contratación ya está aprobado. Y para ello «se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios de la ikastola Arantzazuko Ama». Además, la propuesta incluye una petición para «informar al barrio» de que la definición del trazado viario «es, a día de hoy, una cuestión que permanece abierta, a falta de adoptar una decisión final que deberá contar con la consulta previa con las vecinos y vecinas, incluidos los que componen la comunidad escolar del barrio».

El Pleno aprobó, con el voto en contra del PP, una proposición normativa de EH Bildu para incluir en la ordenanza fiscal de agua y saneamiento una nueva categoría que grave las actividades agropecuarias. El delegado de Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, se comprometió a «facilitar la tramitación de la tasa para que sea posible implantarla».