Donostia incoa expediente de caducidad de la licencia del centro comercial de San Bartolomé

La licencia otorgada el septiembre de hace un año fue prorrogada en febrero de este año al cumplirse 6 meses de su aprobación sin haberse iniciado los trabajos. Pocas semanas después, el ex alcalde Eneko Goia anunciaba que el gobierno municipal no seguiría adelante con este proyecto. La plataforma ciudadana San Bartolomé, liderada por el ex alcalde Odón Elorza, ha presionado desde entonces para que la licencia se anulase y el gobierno municipal se comprometiese a transformar el terreno en un parque público. El gobierno municipal negocia desde hace meses con el propietario de la parcela, la sociedad New San Bartolomé, para tratar de llegar a un acuerdo que resulte lo menos lesivo posible para los intereses municipales.

En octubre se volvían a cumplir otros 6 meses sin que las obras hubieran comenzado, New San Bartolomé solicitó otra prórroga de la licencia de obra, pero esta vez el gobierno municipal ha decidido no otorgarla y, a la vez, iniciar un expediente de caducidad de la licencia. El portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa, preguntó esta mañana en comisión por la situación administrativa de la licencia y la concejala de Urbanismo contestó que «con fecha 2 de octubre de 2025 se ha resuelto incoar expediente de caducidad y otorgar un plazo de 15 días de alegaciones al titular de la licencia». El promotor del centro comercial presentó el día 9 de octubre alegaciones a esta incoación «que se están analizando y todavía están pendientes de resolver». Arzallus precisó que «en breve se tiene intención de proceder a resolver las alegaciones», se entiende que para dejar sin efecto la licencia.

Lasa preguntó por qué el gobierno municipal no ha informado públicamente de este paso dado. Arzallus señaló que la administración local «no tiene la obligación de publicitar cada uno de los pasos internos que realiza durante la instrucción de un expediente» ya que informar de actuaciones parciales o provisionales «podría generar confusiones o interpretaciones erróneas entre la ciudadanía». El Ayuntamiento, aseguró, «hará pública la información una vez exista una resolución firme y todos los informes técnicos y jurídicos estén completos, garantizando así la transparencia en el momento adecuado y con datos verificados».