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San Sebastián
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Domingo, 30 de septiembre 2018, 09:23
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Las diferencias mostradas por los dos grupos que conforman el gobierno municipal de la ciudad (PNV y PSE) sobre la mejor alternativa que ofrecer al Ministerio de Defensa para reubicar los cuarteles militares de Loiola producen cierta perplejidad en la ciudadanía. Los jeltzales, con el alcalde a la cabeza, apuestan por la parcela de Eskuzaitzeta destinada inicialmente a la nueva cárcel. El argumento es doble: si en esos terrenos de 28 hectáreas no se levantará finalmente un centro penitenciario sino un Centro de Inserción Social (CIS) hay espacio suficiente para acoger los cuarteles que hoy ocupan 17 hectáreas junto al río. La segunda razón es que la titularidad de ese suelo es del Gobierno español (Ministerio del Interior) y no habría que hacer un nuevo desembolso. Este esquema, que fue trasladado por Goia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una reunión celebrada el pasado día 4 en Madrid, saltó por los aires esta semana cuando el primer teniente de alcalde, el socialista Ernesto Gasco, anunció en este periódico que la apuesta del PSE, que está siendo trabajada con el Gobierno de Pedro Sánchez, es la loma de Antondegi (Martutene). Estos terrenos (97 hectáreas), en donde se planificó construir un barrio de entre 3.000 y 4.000 viviendas, tendrían la virtualidad de su proximidad a Loiola y de proporcionar un entorno residencial para los militares relativamente cercano, algo más complicado de lograr en lo alto de Zubieta. Goia explicó que esta propuesta había sido ya descartada por Defensa, pero matizó que si tuviera ahora el visto bueno del Gobierno el Ayuntamiento no pondría pegas. Lo llamativo de esta disonancia entre socios de gobierno no puede hacer olvidar que las decisiones fundamentales recaen en el Gobierno de España. En el plazo de dos meses el Ministerio del Interior tiene que aclarar definitivamente el panorama penitenciario de Martutene y Zubieta y en base a ello el Ayuntamiento debería saber a qué atenerse para ofrecer una o varias alternativas de reubicación de los cuarteles al Ministerio de Defensa. Goia se ha citado con Margarita Robles de nuevo el 27 de noviembre. Pero antes tiene la palabra el ministro del Interior.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el jueves las ordenanzas fiscales que regirán el año que viene en la ciudad. La presión fiscal media subirá un 1,15%, lo que se traducirá en un incremento del IBI del 1%, del IAE del 2%, igual aumento para la tasa de agua y un escalada del 3% para la tasa de la basura, que suma un 23% en los últimos cuatro años sin perspectivas de moderarse a futuro. La oposición cuestionó esta propuesta fiscal por seguir apelando al bolsillo del ciudadano en una situación de superávit, según denunció el PP, o por no echar mano de herramientas como el recargo del IBI a la vivienda vacía, según criticaron EH Bildu e Irabazi.
Dentro de unos días se efectuará la reubicación de la cancha deportiva de Blas de Otero en otro espacio de la misma plaza más alejado de las viviendas. El movimiento pone fin a la polémica y permite que las familias de Egia sigan utilizando el recinto. La principal novedad conocida esta semana se refiere al control que se ejercerá para evitar molestias nocturnas. La cancha dispondrá de un cierre metálico perimetral que impedirá su uso a partir de las 22 horas lo que garantizará el descanso de los residentes más cercanos a esta superficie.
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