Condenado el Ayuntamiento por la caída de una moto en un bache de San Martín

Cruce de las calles San Martín y Fuenterrabia en Donostia. /Sara Santos
Cruce de las calles San Martín y Fuenterrabia en Donostia. / Sara Santos

Debe pagar más de 11.000 euros porque el mal estado de la calzada provocó un accidente

Aingeru Munguía
AINGERU MUNGUÍA

El Ayuntamiento donostiarra ha sido condenado a pagar más de 11.000 euros a una motorista y al propietario del vehículo que tuvo un accidente en la calle San Martín por el mal estado de la calzada. Esta calle de la capital guipuzcoana, una de las que soportan más tráfico, llevaba años en un deplorable estado aunque hace unos meses fue sometido a diferentes arreglos para mejorar su estado. A principios de marzo, otro motorista dio con sus huesos en el suelo por un hundimiento en la calzada que le provocó fractura cerrada de cabeza de peroné en la pierna izquierda, fractura cerrada de escafoides en muñeca derecha, y abrasiones, edemas y heridas en distintas partes del cuerpo.

La sentencia alude a un suceso acaecido el 4 de diciembre de 2015, cuando la moto que conducía Itxaso Sáez circulaba por el carril central de la calle San Martín y se dispuso a adelantar a un vehículo de la grúa que iba delante «para lo que se desvió al carril de la izquierda y nada más acceder a dicho carril, al circular sobre un hundimiento importante existente en el pavimento, a la altura del número 66 de la calle, perdió el control cayendo al suelo».

Los testimonios del conductor del vehículo de la grúa, las pruebas fotográficas sobre el estado de la calzada y el atestado que elaboró la Guardia Municipal han sido concluyentes para que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián considere en su sentencia que «resulta acreditado» que el siniestro «es imputable al funcionamiento del servicio público de titularidad de la Administración demandada» que «impide considerar» que el Ayuntamiento «hubiera cumplido con el estándar de rendimiento exigible en la conservación de la calzada en condiciones adecuadas para un uso adecuado y seguro para los usuarios de la misma».

El fallo se fundamenta en el artículo 106.2 de la Constitución Española que garantiza el derecho de los ciudadanos a ser resarcidos «de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos», una garantía de indemnización desarrollada por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

La primera clave para condenar al Ayuntamiento fue el testimonio del conductor de la grúa que señaló al juez que la motocicleta Sym, matrícula 8765 JJY, cuando le rebasó «circulaba a una velocidad totalmente normal», es decir a menos de los 50 km/h permitidos en dicha vía. La prueba principal, no obstante, fue el atestado de la Guardia Municipal que, según entiende el juez, «fija como causa del accidente el hundimiento existente en el asfalto». Finalmente, las fotografías de la zona indican que en el lugar del accidente «se puede apreciar un importante desnivel con irregularidades muy relevantes en el asfalto».

Para evaluar los daños y secuelas producidas por el accidente, el juez toma en consideración el informe de dos doctores sobre las heridas que presentaba la conductora (policontusiones y una herida en el labio superior) y del perito sobre los daños de la moto. Condena a pagar al Ayuntamiento 1.635 euros a la conductora por los «28 días impeditivos para sus ocupaciones habituales» a razón de 58,41 euros por cada día. Juzga procedente indemnizar por el perjuicio estético ocasionado por el accidente en forma de «cicatrices faciales, manos, EIAS y rodilla izquierda», algo que «pudo ser comprobado personalmente por este juzgador a través de la prueba de reconocimiento judicial que se practicó en el acto de la vista». Se fija una valoración de 8 puntos por un perjuicio estético «moderado» al tener en cuenta que la recurrente tiene 31 años y quedó afectada por «cicatrices faciales que obviamente afectan de manera sensible al aspecto físico de la misma». Este resarcimiento se evalúa en 911,5 euros por cada punto con lo que suma 7.292 euros a la indemnización. El juez también considera un valor de 19,79 euros por los daños en el pantalón de la conductora, con lo que el Ayuntamiento debe pagar a la recurrente un total de 8.947 euros.

Finalmente, la sentencia estima una indemnización de 2.122 euros al propietario del vehículo siniestrado, dado que el «valor de su reparación superaba el valor de compra de la referida motocicleta». No se imponen costas dado que la estimación del recurso fue parcial. La sentencia anula la resolución del concejal delegado de Espacios Públicos, Ecología y Actividades Festivas del Ayuntamiento quien desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente y obliga a administración a abonar las indemnizaciones mencionadas. La sentencia es firme, dado que contra la resolución «no cabe recurso alguno».

 

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