El Ayuntamiento plantea a los otros propietarios del parking del Txofre una obra de 5 millones

Las explicaciones sobre la cuestión del concejal delegado de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya (PNV), se produjeron en la comisión municipal correspondiente a raíz de una interpelación de la portavoz del PP, Miren Albistur, quien recordó al gobierno municipal que la concesión de la parte pública del parking venció hace dos años «y a día de hoy no sabemos nada de los nuevos pliegos».

El parking del Txofre, con accesos por las calles Segundo Izpizua y Bermingham, fue construido en los años 1978-79. Cuenta con tres plantas subterráneas y unas 1.500 plazas de aparcamiento en total, de las que 465 son en rotación y de propiedad municipal (gestionadas en concesión). Según explicó ayer Dominguez-Macaya, la última prórroga de la concesión expiró en febrero de 2016, con lo que la situación actual es de «prórroga forzosa». La situación de titularidad público-privada condiciona las actuaciones que se puedan llevar a cabo en el conjunto del estacionamiento, que tienen que ser acordadas o de lo contrario verse abocadas a un pleito judicial. La urgencia que tiene para el Ayuntamiento renovar la concesión le ha llevado a realizar un detallado estudio de todas las actuaciones necesarias para adecuar a los tiempos el aparcamiento. El concejal explicó ayer que el proyecto básico con el desglose de todas las intervenciones fue expuesto a las comunidades de propietarios privados hace 15 días. El Ayuntamiento espera obtener una respuesta a finales de mes para adoptar una decisión en un sentido u otro.

El proyecto tiene un elevado coste económico, pero la administración municipal ha ofrecido algunas ventajas a los propietarios privados. Las intervenciones de mayor enjundia serían la revisión y sustitución de todas las instalaciones eléctricas y de ventilación, la colocación de dispositivos contra incendios, el saneamiento de las patologías, la reparación de los desperfectos en los forjados, la mejora del firme y la colocación de dos núcleos de ascensores que resolverían la accesibilidad de las tres plantas y su comunicación directa con la calle. Todo ello costaría algo más de 5 millones de euros, que para los propietarios privados de cada plaza les supondría «más de 2.000 euros» a cada uno.

El concejal de Hacienda explicó que el Ayuntamiento ofrece tres ventajas a los propietarios de plaza: aportaría el proyecto, garantizaría que el nuevo concesionario ofreciera a los privados financiar sus aportaciones (no tendrían que pagar de golpe sino a plazos) y asumiría la eliminación de entre 30 y 40 plazas por la colocación de los ascensores. Si los propietarios rechazaran la propuesta se abriría un escenario complejo con posible paso por los tribunales «porque las obras se deben hacer sí o sí», afirmó Dominguez-Macaya.