Unidad con reservas

La propensión que tiene el lehendakari Ibarretxe a decir todo en todo momento, renunciando a la elocuencia de los silencios para destacar lo que es importante en cada uno de ellos, pudo desfigurar ayer el mensaje de unidad que tanto él como las fuentes autorizadas de La Moncloa quisieron transmitir a la ciudadanía. Porque fue, sin duda, la idea de la «máxima colaboración» institucional en la lucha contra el terrorismo la que se impuso tras el encuentro entre los presidentes de los Gobiernos central y vasco, sin que las diferencias políticas que también aparecieron, tanto en este asunto como en otros de alguna manera relacionados, puedan de ningún modo interpretarse como condiciones que debiliten dicha unidad fundamental. Tras esta reunión y, sobre todo, tras las dos que han mantenido los responsables de los respectivos departamentos de Interior de ambos ejecutivos, la alianza institucional en la batalla por garantizar la seguridad de los ciudadanos y por hacer frente a los embates de la actividad terrorista ha salido notablemente reforzada y es de desear que se encuentre plenamente asegurada. Era lo mínimo que podía esperarse de la entrevista entre dos políticos que, antes que a sus propias ideologías, se deben al Estado que cada uno en su ámbito representa.

Dicho esto, tampoco pueden ni deben minusvalorarse las discrepancias que ayer quiso poner de manifiesto el lehendakari en materias como la política penitenciaria, la Ley de Partidos y el mantenimiento de una oferta de «solución dialogada», al parecer, incondicionada. Se equivocarían, en efecto, tanto el lehendakari como el presidente Rodríguez Zapatero si no concedieran demasiada importancia a tales discrepancias porque pertenecen, según ambos, al ámbito de las legítimas divergencias que han de admitirse como normales entre representantes de diversos partidos políticos. La política antiterrorista es, por el contrario, una política integral, que no se limita a la lucha contra quienes directamente empuñan las armas, sino que abarca también la batalla legal, judicial, política y social frente a aquellos que les proporcionan amparo y aliento. Se trata, en el fondo, de un doble proceso de progresiva legitimación de los valores y de las instituciones democráticas, de un lado, y de constante deslegitimación del fanatismo y del totalitarismo que subyacen en la actividad terrorista, de otro. En consecuencia, las que expuso el lehendakari no son divergencias de menor importancia, sino que pertenecen al núcleo central de lo que debería ser una política antiterrorista realmente integral. En este sentido, el temor que dejó traslucir ayer Ibarretxe a que, si se abordara un consenso de alcance sobre estos puntos, podría incurrirse en «equivocadas políticas del pasado», olvida, entre otras cosas, que fue precisamente la superación de tales diferencias la que hizo posible pactos que se mostraron razonablemente sólidos como el de Ajuria-Enea.