Desbloqueo humanitario

El indulto concedido por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a 16 presos de las FARC se ajusta a la decisión unilateral adoptada por el Gobierno para aplicar un programa de excarcelaciones a presos condenados por delitos no de sangre, con la esperanza de que la medida conduzca a la liberación de algunos de los rehenes secuestrados por la guerrilla. El sistemático fracaso de todos los intentos de desactivar a un grupo violento que mantiene en su poder a casi medio millar de personas ha llevado a Uribe a intentar una acción de desbloqueo humanitario que hasta el momento ha ofrecido su gesto más significativo en la salida de prisión del portavoz de las FARC Rodrigo Granda. Uribe se ve reforzado por su propia condición de víctima y por la firmeza de la ofensiva que desarrolló contra la narcoguerrilla en los primeros años de su mandato. Pero su nueva estrategia no está exenta de factores censurables. Entre ellos, que haya cedido a las pretensiones de Francia para que se propicie la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cuya relevancia como símbolo democrático no puede anteponerse a la suerte del resto de secuestrados. No obstante, el principal riesgo en que incurre Uribe es que el éxito de su movimiento depende de la respuesta que ofrezcan las FARC ante una iniciativa no pactada previamente. Y aquella, por favorable que termine resultando a los intereses gubernamentales, paliará el sufrimiento concreto de un puñado de ciudadanos -un objetivo en absoluto desdeñable-, pero previsiblemente no encauzará el camino hacia la solución de la violencia estructural que sacude Colombia.