Distintas respuestas a una misma cuestión

La incorporación al sistema educativo de las lenguas propias que en seis comunidades autónomas comparten oficialidad con el castellano se ha resuelto en los últimos años de muy diversas maneras

NEREA AZURMENDI
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SAN SEBASTIÁN. DV. La incorporación al sistema educativo de las lenguas propias que en seis comunidades autónomas comparten oficialidad con el castellano se ha resuelto en los últimos años de muy diversas maneras, que en muy pocas ocasiones han permanecido al margen de polémicas y controversias. De la inmersión al establecimiento de mínimos, pasando por la pluralidad de modelos que, en casos como Navarra y Valencia se aplican en función de una zonificación lingüística previa, el catálogo de soluciones y referencias es bastante variado, y el abanico se abre hasta extremos difíciles de sistematizar si se tienen también en cuenta las respuestas que se han dado a la convivencia de las lenguas en la enseñanza en otros países europeos.

En estos momentos, Euskadi no es la única comunidad que ha planteado la revisión en profundidad del sistema por el que optó en su día. La vasca parece la reforma de más calado, pero otras comunidades como Galicia -mediante un decreto que entrará en vigor el próximo curso- o las Islas Baleares -que no han llegado a plantear la reforma como tal-, también están reorientando sus estrategias, aunque no todas lo estén haciendo en el mismo sentido.

A grandes rasgos, este es el retrato actualizado de la presencia de las lenguas propias de cada comunidad autónoma en sus respectivos sistemas educativos.

BALEARES

De mínimos para el catalán al trilingüismo

La referencia básica en lo que respecta a la presencia del catalán en el sistema educativo de las Islas Baleares es la disposición que se conoce como Decreto de mínimos del catalán de 1997 que, además de fijar como principio que «la lengua catalana, con especial atención a las modalidades de las Islas Baleares, y la literatura catalana, incidiendo en las aportaciones de las Islas, se enseñaran obligatoriamente, juntamente con la lengua y la literatura castellanas, en todos los niveles educativos y en todos los centros de enseñanza no universitaria», establece como obligatorio para todos los centros, tanto públicos como concertados, que como mínimo el 50% de las horas lectivas se impartan en catalán.

«El uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza en las diferentes áreas, será como mínimo igual al de la lengua castellana», es la fórmula que utiliza el decreto para establecer como requisito mínimo la paridad entre las dos lenguas oficiales de las Baleares. Para cada nivel, además, se concretan las asignaturas que deberán impartirse necesariamente en catalán. El resto de las áreas, hasta llegar a la mitad del cómputo horario o a las proporciones que establezca cada centro, se concretan en el Proyecto Lingüístico diseñado y aprobado por cada centro, que es también el que determina que carga horaria tiene cada lengua.

En la práctica, según informaciones facilitadas por la Consejería de Educación y Cultura del gobierno balear, «la mayoría de los centros públicos siguen un modelo en el que predomina en catalán». De hecho, y atendiendo a los datos referidos al curso 2003-2004, el modelo predominante en los centros públicos, con un 64% (un 93% en educación infantil), era el modelo 4, equivalente al D, descendiendo su presencia hasta el 30% en los centros concertados.

Incluso en una comunidad como la balear en la que, según el censo de 2001, cerca del 65% de la población habla catalán, el «decreto de mínimos» aprobado por el gobierno del popular Jaume Matas generó una controversia que todavía perdura entre los partidarios de que el sistema educativo tienda a la inmersión en lo que respecta a la presencia del catalán como lengua vehicular y quienes consideran que su presencia es excesiva y consagra el monolingüismo.

La polémica se ha reavivado en los últimos meses, pero en sentido inverso, como consecuencia de la aplicación de otro decreto: el Decreto sobre las medidas para fomentar la competencia lingüística en lengua extranjera de los alumnos sostenidos con fondos públicos, rápidamente rebautizado como Decreto del trilingüismo que ha entrado en vigor este curso en algunos centros de infantil y primaria.

El proyecto -al que se han adherido en el primer curso de implantación tan sólo 27 centros, la mayoría concertados-, permite a los mismos que distribuyan las horas lectivas a partes iguales entre el catalán, el castellano y una lengua extranjera, desactivando en la práctica el sistema de mínimos. Así, se establece que los centros podrán impartir hasta un tercio del horario lectivo en catalán, otro en castellano y un tercero en inglés u otra lengua extranjera. El tiempo dedicado a la lengua extranjera en ningún caso podrá superar el tercio del horario lectivo.

La medida, aplaudida por organizaciones que llevan años criticando duramente lo que considera el «modelo de inmersión» y rechazada por partidos, sindicados y movimientos de defensa de la lengua que consideran que perjudicará considerablemente al catalán, es de momento de aplicación voluntaria, aunque el presidente Jaume Matas anunció recientemente que si en la próxima legislatura sigue teniendo responsabilidades de gobierno se convertirá en obligatorio, lo que conduciría a derogar el Decreto de Mínimos.

Actualmente está abierta la convocatoria para el próximo curso y, según fuentes de la Consejería, «el pronóstico es superar el número de centros que opten por el trilingüismo».

CATALUÑA

Inmersión sin apenas excepciones

En el caso de Cataluña no resulta necesario escudriñar porcentajes para calcular cual es la presencia del catalán en la educación: prácticamente el 100% de los estudiantes matriculados en niveles de enseñanza no universitarios tiene al catalán como lengua vehicular en todas las materias, con la salvedad de la asignatura de Lengua y Literatura Castellanas, y el catalán es igualmente la lengua de comunicación predominante en las actividades no lectivas de los centros. La Ley de Política Lingüística de 1998 establece que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativas», y a juzgar por los datos el precepto se cumple a rajatabla, aunque no sin polémicas ocasionales y sin tensiones.

Y es que la misma ley indica que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar ese derecho y poner los medios para hacerlo efectivo». Durante un tiempo, las hojas de preinscripción de los centros públicos y concertados incorporaron una casilla en la que podía señalarse la lengua de uso habitual -el castellano es la lengua materna del 52% de los habitantes de Cataluña- , pero ya no lo hacen. La Generalitat indica que no suelen ser más de media docena de familias las que cada curso solicitan que su hijo o hija reciba la primera enseñanza en catalán, y que la mayoría de los casos se resuelven satisfactoriamente. Otros, sin embargo, alcanzan mayor notoriedad y llegan hasta los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, ha ordenado a la administración autonómica en varias ocasiones incluir la citada casilla y a escolarizar a algunos alumnos en la lengua elegida por sus padres, aunque no ha llegado a cuestionar la política lingüística de la Generalitat, sino alguna de sus aplicaciones. En estos momentos, de todos modos, el recurso más relevante no afecta al catalán sino al castellano, ya que la Generalitat recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto del gobierno central que incrementaba el número de horas -en la actualidad puede rozar el 10%- dedicado al castellano...

GALICIA

Más gallego a partir del curso que viene

La normativa todavía en vigor en Galicia -a partir del curso que viene se comenzará a implantar un nuevo modelo que detalla en la siguiente página la Consejera de Educación de la Xunta Laura Sánchez Piñón- data de 1995, y obliga a los centros escolares que imparten educación no universitaria a utilizar el gallego en un tercio de las asignaturas. Es previo a la Ley de Normalización de 2004 y, evidentemente, a la constitución del actual gobierno bipartito compartido por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. El decreto establece qué materias se imparten en gallego -las relacionadas con el conocimiento social y cultural, preferentemente, más una materia entre las optativas presentadas por el centro- y cuáles en castellano, por lo que el margen de maniobra de los centros es relativamente limitado, lo que da lugar a una unanimidad absoluta a la hora de adscribirse a un modelo de enseñanza netamente bilingüe, en el que el gallego -que tiene presencia propia como asignatura-, tiene por lo general menos presencia que el castellano. El pasado año, con carácter experimental, se implantaron en centros de infantil que tuvieran más de una línea líneas íntegramente en gallego, una vía que se extenderá a todos los que lo deseen con la reforma en curso.