Elebide impulsará el «bilingüismo real y equilibrado»

Velará por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. El servicio ya está funcionando.

NEREA AZURMENDI
Patxi Baztarrika presentó Elebide acompañado por el equipo directivo de la Viceconsejería, integrado por Jokin Azkue, Miren Mateo, Lorea Bilbao y Joseba Erkizia. [MICHELENA]/
Patxi Baztarrika presentó Elebide acompañado por el equipo directivo de la Viceconsejería, integrado por Jokin Azkue, Miren Mateo, Lorea Bilbao y Joseba Erkizia. [MICHELENA]

SAN SEBASTIÁN. DV. «El principal objetivo de Elebide es el cumplimiento del marco legal que establece la oficialidad del euskera y el castellano, de manera que podamos seguir avanzando hacia un bilingüismo real y equilibrado del que todavía estamos lejos, pero al que nos vamos acercando poco a poco gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos veinte años», afirmó el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, en la presentación del nuevo servicio que se encargará de «velar por los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, para que la igualdad formal entre las dos lenguas pase a ser una igualdad real». Elebide entró ayer en funcionamiento.

El nuevo servicio, que tiene su sede en las dependencias de la Viceconsejería en Lakua y es accesible a través de medios telemáticos y por teléfono, no sólo tramitará las denuncias o quejas de los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos lingüísticos -«poco conocidos», según Baztarrika-, sino que ofrecerá también información y asesoramiento y colaborará con las entidades denunciadas, ayudándoles a resolver los problemas que han dado lugar a la misma. El servicio está igualmente abierto a recoger todas aquellas propuestas y sugerencias relativas a la protección de los derechos lingüísticos que los ciudadanos estimen oportuno realizar. Jokin Azkue, director de Planes de Euskera del departamento, animó a todos los interesados a que realicen sus aportaciones a un servicio que, por otra parte, fomentará la colaboración entre las diversas administraciones e instituciones, aunque la competencia de velar por los derechos lingüísticos y hacer efectivo el ordenamiento jurídico que establece la cooficialidad del euskera y el castellano en la CAPV corresponde al Gobierno Vasco.

«No va contra nadie»

Patxi Baztarrika, que presentó el proyecto en compañía de la práctica totalidad del equipo de dirección de la Viceconsejería, recalcó que Elebide no es una apuesta por un monolingüismo que calificó de «no sólo imposible, sino nada deseable», sino un instrumento para «promover la igualdad social y real del euskera y el castellano».

Partiendo de la base de que la cooficialidad de ambas lenguas otorga a los ciudadanos el derecho a expresarse y a relacionarse con las administraciones públicas en la lengua que en cada caso elijan, los hechos que puedan resultar susceptibles de denuncia pueden estar vinculados tanto al euskera como al castellano. Los impulsores del servicio consideran, sin embargo, que serán fundamentalmente los vascohablantes los que harán uso del mismo.

«El castellano también es nuestra lengua -indicó Patxi Baztarrika-, también lo apreciamos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, pero quienes creemos realmente en el bilingüísmo tenemos que aceptar que el euskera es todavía la lengua más débil, la que necesita más apoyo, y que son los ciudadanos vascohablantes los que sienten con más frecuencia que sus derechos lingüísticos son vulnerados, aunque Elebide está abierto a todos los ciudadanos y a recoger todo tipo de quejas y sugerencias». Añadió en este sentido que «eso es algo que deberíamos aceptar sin complejos y sin miedo todos los que creemos, de verdad, en la convivencia pacífica y enriquecedora de las dos lenguas y en su capacidad de ser un elemento de cohesión social».

El responsable de Política Lingüística del Gobierno Vasco subrayó que «Elebide no va a ir contra nadie, no tiene como objetivo sacar los colores a los infractores, sino ofrecerles ayuda y asesoramiento para que resuelvan las situaciones que han originado las denuncias. Los ciudadanos tienen el derecho a utilizar la lengua que elijan, y la administración la obligación de hacer efectivo ese derecho, y eso es lo que va a hacer Elebide, buscando la eficacia y convirtiéndose en un servicio activo que acompañe a la sociedad en el camino hacia una igualdad real entre el euskera y el castellano».

Sin sanciones

Elebide -que estará atendido por especialistas en derechos lingüísticos y hoy mismo será presentado formalmente a las restantes administraciones en el seno de HAKOBE, el organismo de coordinación interinstitucional en materia de política lingüística-, basará su acción en la persuasión, la sensibilización y el asesoramiento, ya que carece de capacidad para imponer sanciones a quienes vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos. De hecho, la legislación relativa tanto al régimen como a la normalización del euskera no prevé ninguna figura punitiva para esos casos tal como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, cuyas Oficinas de Garantía Lingüística -experiencia analizada por los responsables de Política Lingüística del Gobierno Vasco- han tramitado denuncias que han derivado en ocasiones en sustanciosas sanciones económicas.

A juicio de sus promotores, sin embargo, Elebide no será sólo un servicio testimonial, sino que asumirá un papel activo «llevando hasta el final todas las denuncias recibidas y comprometiéndose a responder, en el plazo máximo de quince días, a todas las quejas, denuncias y consultas que se reciban a través de los medios que hemos habilitado para ello».

Con toda probabilidad, un número nada desdeñable de las denuncias y quejas se referirán a la vulneración de derechos lingüísticos por parte de la propia Administración. «La Administración tiene que hacer cumplir la ley, y también cumplirla, pero es cierto que aunque se ha avanzado mucho no garantiza al 100% los derechos lingüísticos de los ciudadanos, y que tiene muchas dificultades para que esos derechos puedan ser respetados en el día a día». Elebide servirá, en cualquier caso, «para unificar las quejas relativas a las administraciones, institucionalizar los derechos lingüísticos y hacer que el conjunto de las administraciones públicas vayan por el mismo carril».

En lo que respecta al sector privado, el marco legal es de momento menos estricto, aunque la ley que establece el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias -que en las próximas semanas será desarrollada mediante el correspondiente decreto- incorpora a su articulado disposiciones bastantes precisas respecto a los derechos lingüísticos que asisten a los ciudadanos en ese ámbito.