Urkullu lanza un plan de choque anticrisis de 400 millones y orilla el debate del nuevo estatus

Baño de realismo y de coyuntura en la política vasca en un contexto de 'cambio de época' en el primer pleno de 'normalidad' con aforos completos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, exhortó este jueves a los partidos vascos a ensanchar los grandes 'acuerdos de país' para hacer frente a la actual emergencia energética, económica y social derivada de la guerra de Ucrania con sentido de la responsabilidad «y desde el esfuerzo común de agentes públicos y privados» para salvaguardar la economía, la cohesión social y el modelo democrático y de bienestar de Europa. Y lo hizo con un anuncio de un plan de choque contra la crisis de hasta 400 millones de euros que pretende paliar el impacto de la situación económica en los hogares vascos y en la industria. Unos recursos que vendrán de tres fuentes de financiación: los Presupuestos vascos, los fondos europeos y la tasa que ha establecido el Gobierno central para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y las entidades financieras, por lo que Urkullu dio ya por hecho que Euskadi podrá recaudar parte de estos impuestos, tal y como adelantó la ministra Nadia Calviño en una entrevista en este periódico. El objetivo: proteger la economía en las familias y en la actividad productiva. Y garantizar el bienestar social. «Desde una estrategia vasca, con una agenda propia», precisó el lehendakari, «para afrontar el futuro sin dejar a nadie atrás».

El lehendakari, además, aparcó el debate del nuevo estatus de autogobierno, apeló «con preocupación» a Pedro Sánchez a cumplir el Estatuto de Gernika -«el único que no está actualizado en el Estado», según indicó en su discurso- alejado de emplazamientos estridentes pero que reflejaba la encrucijada social y económica de la actual realidad.

Y es que el debate era revelador del momento histórico que se vive, después de una pandemia que ha dejado al descubierto las costuras del modelo público y las limitaciones en la Sanidad vasca, una de las históricas joyas de la Corona en el autogobierno. Una situación que ha exhibido su mayor fragilidad a partir de una demoledora escalada inflacionista a consecuencia del espectacular aumento del coste de la energía derivado de la guerra de Ucrania precipitada por la invasión rusa. Un rompecabezas que ha obligado a una reactivación de las políticas públicas para evitar el colapso del sistema y un fenómeno de descontento social que resulta letal para las democracias liberales actuales.

Así, el tono fue de 'guante blanco', también en los grupos de la oposición. El impacto de la factura doméstica de la luz, y en la industria vasca, y la situación de Osakidetza tuvieron un papel preminente ante otras polémicas. Frente a los 'mantras' esencialistas de otros debates -la situación del País Vasco previa a 1839 o la 'nación foral' en las últimas ediciones- la sesión de ayer tuvo un componente pragmático y pegado al terreno: la cesta de la compra, el número de médicos en los ambulatorios o los problemas de acceso a los créditos de las pequeñas y medianas empresas.

El plan de choque del lehendakari tenía nombre y apellidos. Entre las medidas propuestas, un aumento de un 10% de las ayudas de emergencia social para hacer frente a la inflación subyacente, así como una reducción en el coste de los suministros en el parque de vivienda social, y un incremento en el límite de ingresos para acceder a la misma. El lehendakari apuntó también sus planes para aumentar las ayudas a la eficiencia energética y a la alimentación para paliar la espiral inflacionista así como las subvenciones a los proyectos ligados a las energías renovables. El objetivo pasa por compensar el ahorro energético, sobre todo entre las familias. Urkullu anunció también una de las medidas estrellas: una nueva deflactación del IRPF a partir del próximo 1 de enero así como nuevas líneas de crédito a empresas intensivas en energías, pymes y autónomos. La pretensión es reforzar el colchón que amortigua el impacto económico de la crisis.

Urkullu fue relativamente previsible en su discurso pero tendió la mano a la oposición para conseguir «cinco grandes acuerdos de país», entre los que destacó el refuerzo de la atención primaria en Osakidetza y el aumento de plazas en la plantilla sanitaria. Entre las propuestas de pacto, el cambio demográfico, la educación y la energía. Y, claro, los próximos Presupuestos para 2023, para los que tiene asegurada la mayoría absoluta del Gobierno de coalición PNV-PSE pero que el año pasado, en concreto, lograron la abstención de EH Bildu tras pactar una serie de partidas.

La oposición de izquierdas -EH Bildu y Elkarrekin Podemos- no rechazó de plano la oferta de acuerdos, pero reclamó concreciones en los contenidos. Y PP+Cs le exigió que se alejara de los independentistas como compañeros de viaje, y que rompiera con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En todo caso, también mostró su voluntad de entendimiento en determinadas cuestiones de calado económico.

Pero Urkullu combinó la filosofía de la 'responsabilidad' con su batería de medidas concretas. Planes de choque para sostener el tejido productivo vasco y para salvaguardar «la cohesión social, que es el corazón del modelo vasco». Y un discurso de marcado acento europeísta, «una Europa fuerte por encima de los intereses estatales», para la que reclamó «un nuevo impulso político y económico» que, entre otras apuestas, potencia «la defensa común». «Un espacio competitivo y de equilibrio social en el que merece la pena vivir», señaló.

Y es que la ausencia al debate soberanista fue paliada por este discurso de fuerte acento europeísta. En su intervención, proclamó su profundo espíritu europeísta. «La refundación de Europa pasa por una nueva gobernanza multinivel, el consenso de abajo hacia arriba y el principio de subsidiariedad», apuntó, al tiempo que puso en valor «las regiones constitucionales», en referencia a Euskadi, y volvió a reclamar la participación vasca en las decisiones europeas.

El lehendakari, además, volvió a exigir al presidente Sánchez que cumpla íntegramente el Estatuto y dé luz verde a las transferencias pendientes desde la premisa de la bilateralidad y no desde la unilateralidad, y abogó por un nuevo sistema de garantías así como por la puesta en marcha de una Comisión Permanente entre la Administración central y el Gobierno Vasco que realice un seguimiento de la culminación pendiente del Estatuto.

Urkullu eludió en su intervención el debate sobre el nuevo estatus aunque recordó que el Estatuto de Gernika «es el único que no se ha actualizado en el Estado». Igualmente, defendió el reconocimiento de hasta 20 selecciones deportivas vascas en competiciones oficiales.

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