La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán

Los registros en la capital guipuzcoana se han desarrollado durante toda la mañana en el número 45B de la calle Portuetxe de Igara. Minutos antes de las 14.00 horas cuatro agentes de la UCO han salido con mochilas y bolsas y se han marchado del lugar a bordo de un vehículo. Su presencia había pasado desapercibida por parte de los trabajadores de este bloque de oficinas hasta que se ha conocido el desarrollo de los registros, una información adelantada por este periódico.

La Guardia Civil ha puesto el foco en el número 45B de la calle Portuetxe de Donostia, el punto donde confluyen varios caminos del laberinto de sociedades mercantiles que los investigadores vinculan con la presunta trama de comisiones irregulares en adjudicaciones de obra pública, conocida como 'caso Ábalos', 'caso Koldo' o 'caso Cerdán'.

Según la información que se ha ido conociendo en los últimos meses por los papeles de la UCO, Servinabar 2000, la empresa navarra gancho en la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública que lideraría el socialista Santos Cerdán y en la que figura como administrador único el empresario de Elgoibar afincado en Elorrio Antxon Alonso, transfirió hasta 732.000 euros entre los años 2016 y 2024 a la cooperativa Noran que el empresario elgoibartarra constituyó en junio de 2015 junto a Koldo García en Donostia. Es el doble de lo que inicialmente había descubierto la Guardia Civil. Además, entre 2020 y 2023, la constructora navarra abonó más de 250.000 euros en cuatro pagos a la cooperativa Erkolan, que comparte domicilio con Noran en el número 45 de Portuetxe en el barrio donostiarra de Igara. Las cooperativas han sido registradas esta mañana en el marco de una «pieza secreta» abierta por Puente después de que el instructor haya recibido el informe 'patrimonial' sobre Cerdán que encargó el pasado junio.

Noran Coop. fue constituida por Alonso y Koldo García en Donostia el 26 de junio de 2015 con el objeto social de la compraventa de bienes inmobiliarios. La Guardia Civil resaltó la relevancia del momento en el que se creó esta cooperativa: el mismo mes en el que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de la explotación minera (Geoalcali), y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de la colaboración de esta con Acciona. De acuerdo a sus primeras investigaciones, desde Noran se habrían transferido más de 177.000 euros a Alonso y más de 8.700 a García, quien oficialmente dejó la empresa en enero de 2018.

La UCO intenta seguir la pista al destino de esos fondos transferidos a Noran en el marco de la trama de corrupción por la adjudicación de obra pública. Ahora ya se sabe, según el fisco navarro, que en 2024 fueron transferidos 117.200 euros; otros 116.571, en 2023; 115.839, en 2022; 79.648 en 2021; 79.678, en 2020; 60.762, en 2019; 116.818 en 2018; y 45.592 en 2016. Por su parte, Erkolan –una cooperativa de trabajo social fundada en 2008– recibió de Servinabar cuatro transferencias: una de 40.244 euros en 2020, y tres de 71.535 en cada ejercicio de 2021 a 2023.

Más allá de esos 732.000 euros transferidos por Servinabar a Noran, la información remitida por Hacienda al Supremo recoge que Alonso pasó de percibir unos ingresos anuales de 22.874 euros brutos en los primeros años de Servinabar (2015, 2016 y 2017) a los 79.411 euros que cobró entre 2019 y 2024, con una retención de 25.411 euros. Entre medio, en 2018, cobró 46.632, con una retención de 13.132. La constructora llegó a tener un máximo de 11 empleados en 2022 (5 fijos y 6 no fijos). Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 trabajó como administrativa Begoña Cerdán –hermana de Santos–, que a partir de esa fecha hasta 2025 pasó a ejercer en la asesoría que lleva las cuentas de Servinabar, según el entorno de la defensa del exdirigente socialista.

Al tiempo que se producían esos trasvases económicos, Servinabar se aseguraba hasta 14 millones de euros por su participación junto a otras empresas en Unión Temporal de Empresas (UTE) en seis obras públicas en Navarra. La mayor parte (9,4 millones), por el desdoblamiento del túnel de Belate, obra que está todavía en fase de ejecución y que por tanto no ha cobrado en su totalidad. Entre 2017 y 2023, el dueño de Servinabar y Alegure –que junto a Acciona ganó la obra del colegio público de Arbizu– se ha embolsado 4,6 millones, una vez descontado el IVA, de las cinco obras adjudicadas y ejecutadas: Navarra Arena, Archivo General, dos promociones de VPO en Erripagaña y el citado centro escolar.