El 'tsunami' de los movimientos sociales presiona la política

Pero este no es el único ejemplo del poder de los grupos sociales cuando deciden ponerse en marcha. En febrero la aprobación de la ley de bienestar animal sacó a la calle a decenas de asociaciones que protestaban porque la norma no ampara a los perros de caza y, en el otro extremo, a los cazadores para que sus canes quedaran fuera. Estos últimos, que suman 700.000 licencias en España, forman un potentísimo grupo de presión. De hecho, lograron que la ley no se aplique a sus perros.

La lista se amplía a las asociaciones formadas por los pensionistas, los ecologistas, los grupos LGTBIQ+ o los taurinos y su contrarréplica de antitaurinos, por citar solo algunas con gran capacidad de influencia. A escala global cabe resaltar el movimiento #mettoo surgido a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.

La 'toma' de las calles por los ciudadanos ha registrado altibajos en las últimas décadas. En este reportaje cuatro politólogos nos ofrecen su opinión sobre si esta fuerte actividad reivindicativa se mantendrá y, en su caso, si incidirá en las dos citas electorales de este año o si, por el contrario, se desinflará.

Verónica Fumanal conoce bien el percal, no en vano fue asesora de Pedro Sánchez cuando éste era secretario general del PSOE y anteriormente consolidó la carrera de Albert Rivera, en el periodo en que llegó a triplicar su representación en el Parlament. En opinión de la fundadora de la consultora Politikom, los movimientos sociales cada vez están más organizados gracias a las redes sociales porque permiten buscar perfiles interesados y ponerlos en contacto sin necesidad de compartir un mismo espacio físico. Además, subraya Fumanal, a través de ellas se presiona al poder público con campañas efectivas de comunicación con una reivindicación compartida. En este sentido, pone como ejemplo las manifestaciones feministas de 2018. «No estaban convocadas por ninguna plataforma en particular –recuerda la politóloga–, sino que varias se fueron sumando a una corriente que fue revolucionaria».

Fumanal afirma que la presión sobre los partidos es obvia, sobre todo en aquellos cuyos objetivos son compartidos. Así, indica que el PSOE se ve influenciado en mayor medida por las reivindicaciones memorialistas, el feminismo y los sindicatos; el PP por los grupos católicos, la patronal o la empresa familiar; en Podemos las asociaciones LGTBI y Trans, y en Más País por el ecologismo.

Fumanal pone como ejemplos de cambios legislativos provocados por la acción ciudadana la ley del 'sí es sí', tras la sentencia de 'La Manada', y las manifestaciones convocadas por los grupos feministas. También la excepción de los perros de caza en la ley de protección animal por la influencia de las asociaciones cinegéticas.

No obstante, la politóloga matiza que el activismo incide en las elecciones si consigue que sus reivindicaciones estén presentes «en la agenda de campaña y que sea un tema del que se hable en la misma. De lo contrario, podrían conseguir presionar a nivel programático, para incluir alguna de sus demandas, pero es un nivel de influencia menor porque, pasada la polémica, no está garantizado el cumplimiento».

Julen Orbegozo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, explica que en la historia reciente se han vivido dos momentos claves, el surgimiento del 15M (2011), que combinó la movilización física con la virtual; y la pandemia (2020-2021), periodo en el que la vida se digitalizó, repercutiendo en las formas de militancia y activismo. Orbegozo señala que, desde este punto de partida, la década de 2010-2020 «fue un momento de claro auge de los movimientos sociales en cuanto a su visibilidad y capacidad cooperativa. Podemos poner como ejemplos tres ámbitos: feminismos, pensionistas y activistas contra el cambio climático».

El profesor de la UPV añade que en la actualidad afrontamos una nueva década (2020-2030) que reubica las expectativas creadas en la pasada. «A corto y medio plazo no habrá una especie de 'fiebre activista' y no veremos la creación de nuevas organizaciones. Sin embargo –añade Orbegozo– en aquellos ámbitos en los que ya estaban consolidados –feminismos, pensionistas, emergencia climática– volverán a la escena porque poco a poco se están recuperando del mazazo que supuso la pandemia y la digitalización de nuestras vidas».

El profesor de la UPV afirma que los partidos políticos son en extremo permeables al activismo ciudadano. Sin embargo, añade que para que éste sea efectivo primero tiene que alinear sus demandas con la mayoría de la opinión pública. Además, deben contar con una red de apoyo que pueda influir en el voto y realizar peticiones claras.

Orbegozo pone como ejemplo de éxito la campaña contra el 'fracking' en Euskadi. Explica que el trabajo en red que hicieron pequeñas plataformas unidas por un objetivo claro, con una portavocía bien definida y una interlocución creíble, consiguió poner de su lado a la opinión pública, así como a la mayoría de los partidos políticos. Finalmente, el Parlamento Vasco aprobó una proposición de ley que prohíbe la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica.

El profesor destaca la importancia de los movimientos sociales en los países democráticos. «Cuanto más activismo, más saludable será una democracia. De hecho –añade Orbegozo– es la herramienta que tiene la gente para, de forma organizada, hablarles cara a cara a los políticos y poder influir en sus decisiones».

Jesús Casquete, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UPV, considera que el escenario reivindicativo ha mutado en las últimas décadas al compás de las nuevas tecnologías. Casquete recuerda que «antes la copresencia física en las manifestaciones era un elemento clave, ese plural reconfortante de sentirse rodeados de personas que piensan de modo compartido sobre un tema con la sensación de querer cambiar algo. Hoy se ha producido un corrimiento hacia las expresiones más individualizadas a través de las redes sociales».

No obstante, señala que la influencia de la presión de la calle en la actividad política se mantiene, aunque con algunas premisas, entre ellas que la movilización sea «amplia y sostenida en el tiempo». Si se dan estas circunstancias, asegura que la política «no tiene más remedio que confrontarse con el problema que plantea la acción colectiva. Los periodos electorales son propicios porque los partidos se abren a la ciudadanía para pedirle su voto».

Casquete coincide con los demás expertos consultados para este reportaje en que el movimiento feminista ha gozado de gran visibilidad en las últimas décadas, «hasta el punto de protagonizar agendas de gobiernos. En la actual coyuntura política española cuenta con aliados en las instituciones representativas gracias a un gobierno de partidos de izquierdas».

El profesor de la UPV recuerda que el reclamo de la calle no es patrimonio de ninguna orientación política concreta, sino que está abierto a todo el espectro ideológico. En este sentido, señala que en los últimos años también han cobrado cierto protagonismo «los grupos ultranacionalistas españoles y catalanes. En cambio, en el País Vasco desde el final de la actividad terrorista de ETA la movilización en la calle se ha reducido sustancialmente. También han alcanzado relevancia la presión de los conservadores, por ejemplo, contra el aborto».

Respecto a la capacidad de la acción ciudadana para generar cambios legislativos, Casquete señala que las campañas en favor de la objeción de conciencia contribuyeron decisivamente al fin del servicio militar obligatorio. «Se podría decir –añade el profesor– que aceleró un cambio que habría llegado en cualquier caso. De hecho, en otros países se puso fin al servicio militar sin necesitar del empuje que tuvieron en España las iniciativas en su contra».

El activismo, en consecuencia, ha renacido consciente de que las dos citas electorales de este año son terreno propicio para que los partidos sean más receptivos a las demandas ciudadanas.