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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la «demolición» de un chalé construido por la familia de la exconcejal del PNV en Zarautz, Maite Garrastazu. La sentencia considera que la edificación – situada en Talaimendi, entre el camping de Zarautz y Orio– es «ilegal» al no respetar la Ley de Suelo, ya que, según señala, esta vivienda no se encuentra en el mismo lugar que el antiguo caserío Amezti. Por lo tanto, el juez pide «la reposición de los terrenos al estado anterior de dichas obras». Aunque todavía cabe que se presente un recurso contra esta decisión.
Fuentes conocedoras del caso explicaron ayer a este periódico que la construcción contaba con todos los avales del ayuntamiento de Aia y de los partidos municipales, aunque desde EH Bildu aseguran que ellos no lo respaldaron. En todo caso, el fallo que dicta la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que «la licencia para reconstruir en lugar distinto del que ocupaba el caserío es, en consecuencia, nula de pleno derecho». Además, se explica que al ser un terreno no urbanizable solo cabía la reconstrucción del edificio anterior respetando sus características. Algo que no se ha hecho, ya que la vivienda actual es un chalé de grandes dimensiones.
La sentencia es también un duro golpe contra el ayuntamiento de Aia, liderado por el PNV ahora pero también cuando se dieron los permisos, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara nulos varios de sus actos. En ese sentido, la sentencia recoge varios decretos y acuerdos municipales que salieron adelante en el consistorio, como el «acuerdo municipal de 22 de enero de 2013, por el que se concede licencia para la reconstrucción del caserío en ubicación distinta de la que originalmente tenía».
El caso ha sido impulsado por la Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos, ya que Talaimendi es una zona concurrida de parapentistas y de alto valor medioambiental por la cría de halcones peregrinos que anidan en la zona. El litigio judicial se ha alargado casi una década y la resolución llega después de que se archivase el caso a través de la vía penal. En 2010 la familia de la exconcejal jeltzale pidió una licencia de rehabilitación al ayuntamiento y apenas dos años después otra para la construcción del nuevo edificio.
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